"Aún no hemos perdido esta batalla y desde el Scrats debemos seguir luchando para que nuestras voces lleguen hasta los despachos y se escuchen en la toma de decisiones", ha indicado el Sindicato, para el que el dictamen del Consejo de Estado "confirma la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura".
Scrats ha insistido en que el Consejo de Ministros "tiene la última palabra, y su responsabilidad afecta a millones de españoles cuyo futuro se desvanece y depende de aportaciones cuya reducción carece de justificación técnica y jurídica".
Ha indicado que el citado dictamen, que se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que la planificación debe respetar la existencia y regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura, cuestiona además la metodología de cálculo de los caudales ecológicos.
No obstante, ha expresado su "temor" de que el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) interprete el dictamen "como un aval para seguir adelante con los planes previstos".
"Hace unas semanas gritábamos frente a las puertas del Miteco y a una sola voz 'Sin trasvase, desierto y paro' y ahora, una vez más, solo juntos podemos luchar para lograr que el Consejo de Ministros comprenda la gravedad de una decisión que aboca al levante español a un futuro que se desvanece, fruto de la insostenibilidad de los recortes del trasvase", ha apuntado.
El punto más relevante del dictamen reside, según Scrats, en el conflicto suscitado entre los caudales ecológicos y su impacto en el trasvase, debido a que "es indudable y así lo manifiesta el Consejo de Estado, que la falta de coordinación puede provocar una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo-Segura".
El Consejo de Estado afirma que el Gobierno de España puede aprobar el Real Decreto "sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen", por lo que la decisión final "está ahora en la mesa del Consejo de Ministros, que será el que refrende pasar de 6 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico a los 8,65 metros cúbicos que defendía la ministra Ribera".
Desde el SCRATS han recordado que llevan denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hectómetros cúbicos, lo que supondría 78 menos para regadío que la media actual y 27 menos para abastecimiento.
Además, esta reducción de los volúmenes disponibles supondría "la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el Levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros".
