Me parece, sobre todo, triste. El idioma, que es la forma más humana de comunicarse, se convierte a veces en Cataluña en la forma más hiriente de enfrentarse. Y una de esas ocasiones es esta, donde unos padres entienden que su hijo debe recibir más educación en castellano, son atacados como enemigos de la convivencia y su hijo menor, es hostigado en el centro escolar. Incluso hay incitaciones al lanzamiento de piedras contra su domicilio familiar.
Para este comentario, tres perspectivas. Una, la fríamente jurídica. Personalmente, creo que esos padres tienen todo el derecho de petición, pero dudo que puedan decidir por su cuenta el cumplimiento de una sentencia o definir en qué asignaturas o momentos se debe aplicar el 25 por ciento. Si cada padre tiene esa potestad, la educación se convertirá en un caos.
La segunda es la humana: el acoso, en cualquiera de sus formas y lugares, es un delito. Luego, si ese menor está siendo acosado, se está delinquiendo. Y una de dos: o se lo convierte en símbolo de la lucha por el castellano, o se le crean traumas dramáticos que condicionarán su futuro. Hubo suicidios por hostigamientos menos ostentosos.
Y la tercera es el papel de la Generalitat. Veremos qué hace hoy el Conseller de Educación que acude a Canet. Tendría lógica, aunque roce la insumisión, que defienda la postura oficial de no cumplir las sentencias. Sería inaceptable que alentase el hostigamiento, que es delito y es, sobre todo, una crueldad.
