opinión

Monólogo de Alsina: "Entre barro y rebuznos se abrió camino el acuerdo"

Carlos Alsina reflexiona en su monólogo de Más de uno sobre el acuerdo al que se ha llegado en el Congreso para pactar las normas sanitarias de la nueva normalidad. Además, habla de los casos de fallecidos en las residencias de mayores que se van a llevar al juzgado, del coronel Pérez de los Cobos y de la tarjeta de memoria de Dina Bousselham.

Carlos Alsina

| 26.06.2020 08:22

¡Quién lo iba a decir! Que a dos semanas de unas elecciones, con la competición por el voto recién iniciada en el País Vasco y Galicia, la palabra del día en el ámbito político sería 'acuerdo'. Entre formaciones tan dispares como el PSOE y el PP o Ciudadanos y Podemos. Y el PNV, que de todos es el más dúctil, capaz de pactar siempre con los unos y con los otros. Bueno, capaz de pactar siempre con quien esté gobernando.

· Con mayoría absolutísima aprobó ayer el Parlamento el decreto de las normas sanitarias (275 diputados a favor, incluidos los del PP, cambio de registro). Vox no, como los independentistas catalanes y Bildu.

· Con el respaldo de cuatro de los partidos nacionales se ha lanzado la candidatura de Nadia Calviño para la presidencia del Eurogrupo (Vox no, como los independentistas catalanes y Bildu).

· Con el aliento del gobierno, el PP y Ciudadanos sale adelante el acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre en las condiciones acordadas por el gobierno, las patronales y los sindicatos (nuevo acuerdo del llamado diálogo social que restaña, además, las heridas que causó el papel que le firmaron Lastra y Echenique a los de Bildu). Ha querido la ministra de Trabajo tener palabras amables, y de aliento, a los empresarios en dificultades que intentan, como sus trabajadores, que sigan existiendo sus empresas.

Quién lo iba a decir. Entre tanto ruido, tanto barro, tanto bufido, tanta pedrada en el Hemiciclo y tanto rebuzno en Twitter, los partidos saben conjugar los verbos negociar, ceder y pactar.

Y recién estrenada esta campaña electoral rara que conduce al 12 de julio en Galicia y el País Vasco. Rara porque se aplazó todo por la epidemia, porque es una incógnita cómo afecta el coronavirus a la participación en unas urnas y porque estas dos comunidades tienen un paisaje político propio. Y sin gran parecido entre ellas dos. En Galicia, salvo sorpresa, arrasará el PP. En Euskadi, salvo sorpresa, fracasará el PP. En Euskadi el voto conservador se concentra en el PNV (conservador y nacionalista), el Galicia el voto conservador lo tiene todo Feijóo (conservador y regionalista, que es lo más parecido al nacionalismo que se permite confesar el PP). Los socialistas son tercera opción en el País Vasco y aspiran a volver a ser segunda en Galicia, donde aquel experimento efímero del bipartito con el Bloque Nacionalista (Touriño-Quintana) dio paso a once años seguidos de mayorías absolutas del PP.

Asuntos pendientes.

La fiscalía tiene abiertas más de doscientas investigaciones por posibles responsabilidades penales en residencias de mayores donde se produjo desatención o fallecimiento de residentes. Cien de ellas en Madrid, cuarenta y tres en Cataluña, veinticuatro en Castilla La Mancha, veinte en Castilla y León (éstas son las cuatro regiones con más fallecimientos y más investigaciones).

En su mayoría estas investigaciones tienen origen en denuncias que han presentado particulares que tenían a un familiar internado y falleció por coronavirus o asociaciones de familias que exigen saber qué sucedió exactamente y qué res-ponsabilidades penales pueden haber tenido tanto los responsables de las residencias como la administración, los gobiernos autonómicos.

Madrid acumula el mayor número de denuncias con dos argumentos principales: la omisión de socorrro y la denegación de auxilio; para entendernos, la vulneración del derecho que toda persona tiene a la atención sanitaria y hospitalaria. La fiscalía en primer lugar, y el juez correspondiente si las causas judiciales se sustentan, habrá de establecer si se negó la atención hospitalaria a residentes, por qué motivo y si estuvo justificado por la situación que se vivía en los hospitales. Y ahí entra el examen judicial, que todavía no se ha producido, de los protocolos y las circulares que aprobó, y distribuyó, el gobierno autonómico.

La frase que escuchamos aquí el 19 de marzo, en boca de Cinta Pascual.

Hoy El Periódico difunde la grabación de una conversación que forma parte de una de las denuncias. La hizo Ramona Carvajal, cuya madre estaba en una residencia con problemas respiratorios e infección. La doctora que le explica la situación desde la residencia le comenta que la geriatra del hospital ha denegado el traslado.

Otra de las denuncias la hacen los hijos de Antonia García, residente en la Reina Sofía de Las Rozas. Sostienen que murió sin atención ni ayuda de nadie. Quizá usted recuerda que el seis de abril, hace ahora doce semanas, conversamos aquí con un hombre internado en esa residencia. 'Marcos' fue el nombre con el que quiso identificarse.

Personas mayores que han compartido espacio con otras personas que fallecieron y que van a poder narrar también lo que vieron. Narrar o testificar. Dependiendo del recorrido que tengan, y hasta dónde lleguen, las decenas de denuncias que están tramitándose.

Asuntos pendientes. ¿Quién se acuerda ya del coronel Pérez de los Cobos? Pues se acuerda él. Y se va a tener que acordar el ministerio del Interior porque el coronel piensa llevar su destitución al juzgado.

El ministerio tiene pendiente informar a la opinión pública de la investigación que anunció para establecer quién filtró el informe de la Guardia Civil a un medio de comunicación. Le recuerdo los hechos: el ministro sugirió que el motivo del cese del coronel no era el contenido del informe sino que éste se hubiera filtrado a la prensa. Según esta versión, la enésima (y última) que dio el ministro, el coronel era sospechoso de no haber cumplido con el deber de confidencialidad. Y aún más, de haber cometido o consentido un delito de revelación de secretos.

¿En qué quedó todo aquello?

Al nuevo jefe de la comandancia de Madrid se le encomendó averiguar quién había cometido la tropelía. A día de hoy, no consta que lo haya hecho. Pero sí consta que Pérez de los Cobos, en su recurso administrativo, sostiene que alguien que no fue él le pasó el informe confidencial a la cúpula del ministerio, que tampoco tenía por qué tenerlo. En la famosa llamada que le hace la directora general de la Guardia Civil la noche del domingo, 24 de mayo, ésta le reprocha pasajes concretos de folios concretos del informe. Es decir, que el ministerio ya lo tenía el domingo, como en su momento contaron El País y El Diario. A pesar de que Marlaska siempre dijo que él no lo tenía.

El Parlamento votó ayer la reprobación del ministro que pedían el PP, Ciudadanos y Vox y naufragó la petición. No es en el ámbito político donde la defenestración del coronel puede tener aún efectos imprevistos.

Asuntos pendientes.

El vicepresidente (segundo) sigue mudo sobre la tarjeta de memoria de Dina Bousselham que mantuvo en su poder durante meses sin que fuera suya (presuntamente). Con el aire que le dio Podemos en su momento a esta causa judicial, epítome de las cloacas del Estado, y lo poco que le gusta que se informe de ella ahora.

El juez García Castellón entiende que el señor Iglesias ya no es parte perjudicada porque no puede atribuirse el robo del móvil a una operación del comisario Villarejo para hacerse con munición que le perjudicara a él. Iglesias recurre esa decisión porque se sigue considerando perjudicado aunque lo de Villarejo haya decaído. Y le reprocha al juez que se ponga a investigar qué pasó con la tarjeta el tiempo que él la tuvo en su poder. Porque a él nadie le ha denunciado ni atri-buido comportamiento ilícito alguno. La abogada de la señóra Bousselham añade que ésta nunca ha dicho que la tarjeta se la devolviera deteriorada o quemada. Que sólo dijo que no le funcionaba, y que Iglesias es su amigo y nunca le ha pedido explicaciones.

Tanto la abogada como la fiscalía vienen buscando que el juez dé por ventilado el asunto y que Bousselham perdone la ofensa a quien haya manejado su material confidencial, o sea, a Iglesias (presuntamente). Y esto es lo que el juez ha neutralizado porque antes quiere saber la verdad de lo que pasó con la famosa tarjeta de memoria. El pasaje del último auto que más ha irritado en Galapagar es éste que dice: 'Se desconoce el motivo por que el Dina Bousselham hizo estas fotografías, pero resulta acreditado que cuando Iglesias accedió al contenido de la tarjeta pudo ver que esas imágenes estaban allí y que se habían capturado desde el teléfono de Dina. Es probable que este último apunte pueda ser la clave para entender no sólo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta sino lo más relevante: el estado en que se la devolvió'.

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