El Pleno del Congreso de los Diputados debate este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación (LOMLOE) -también conocida como Ley Celaá-, así como las múltiples enmiendas 'vivas' de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan incluirlas en el texto.
El dictamen debe ser ratificado por la mayoría absoluta de la Cámara Baja, que conseguiría gracias a los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Si la consigue, la iniciativa se remitirá al Senado para continuar el trámite parlamentario y si no, será devuelta a la Comisión de Educación y Formación Profesionale para que emita un nuevo dictamen en el plazo de un mes.
¿Qué comunidades están en contra de la normativa?
La Ley Celaá ha generado mucha polémica durante las últimas semanas por alguno de los puntos que recoge, como el referido a la eliminación del castellano como lengua vehicular en la educación, sus propuestas para la enseñanza concertada y centros especiales o la promoción de curso con asignaturas suspensas.
Este descontento ha hecho que sean varias las comunidades autónomas que han protestado por el contenido de la normativa. Incluso, siete de ellas decidieron rechazar el plan de la ministra para aprobar el Bachillerato con suspensos y no rebajar la exigencia a sus alumnos.
Fueron las gobernadas por el PP, Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, pero también dos autonomías socialistas, Navarra y Aragón. Todas rechazaron la normativa que permite pasar de curso y obtener los títulos de la ESO y Bachillerato sin límite de suspensos.
¿Pueden las comunidades desobedecer a la Ley Celaá?
A pesar de que son varias las autonomías que están en contra del proyecto de Ley Orgánica, unas de las preguntas más planteadas es hasta qué punto estas pueden plantar cara a la reforma educativa y no aplicarla en sus regiones, ya que, hay que recordar que las competencias en Educación las tiene cada comunidad autónoma.
Galicia
El Gobierno autonómico anunció que "corregiría las debilidades" de la ley con unas "normas propias", que tienen como fin "preservar la calidad del sistema educativo gallego y la cultura del esfuerzo".
Según recoge una nota de prensa de la Consellería de Educación, el Grupo Popular usaría su mayoría en el Parlamento de Galicia para posicionarse contra el decreto de aprobado general en la educación: "Esta norma rompe con la función del sistema educativo como generador de igualdad de oportunidades y merma su calidad", comentó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
Sin embargo, la proposición no de ley es declarativa y únicamente tiene como aspiración mostrar la postura contraria del Parlamento gallego a la norma: "El real decreto-ley ignora lo previsto en la normativa orgánica que no fue pactado con las comunidades".
País Vasco
Aunque el pasado mes de marzo, el País Vasco mostró su disconformidad con el punto referido a pasar de curso con varios suspensos -postura hecha pública tras la Conferencia Sectorial de Educación-, es previsible que este jueves el PNV vote a favor de la LOMLOE en el Congreso para su posterior tramitación en el Senado. En su aprobación en el Comité de Educación, la diputada Josune Gorospe (PNV) destacó la importancia del respeto de las competencias, así como la introducción del concepto de "lengua propia" para referirse al euskera, algo que finalmente se incluyó en la norma.
Navarra
La comunidad gobernada por la socialista María Chivite también expresó su posición contraria al hecho de que los alumnos de ESO y Bachillerato pasaran de curso con asignaturas suspensas. Por su parte, UPN y PP han llegado a un acuerdo para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley educativa por "no respetar la libertad de elección de centro de las familias y atacar a la educación concertada".
La Rioja
El PP de La Rioja ha advertido de que la Ley Celaá pondrá en riesgo a 31 centros de la comunidad y que busca "hacer desaparecer el español", así como "dejar sin alumnos la enseñanza concertada". El secretario general de los populares en la región, Alberto Bretón, ha demandado a la presidenta del Ejecutivo, Concha Andreu, que promueva una Ley regional para superar los efectos adversos del proyecto educativo de Celaá.
Aragón
A pesar de que Aragón fue, junto con Navarra, una de las comunidades socialistas que rechazó la normativa que permitía pasar de curso y obtener los títulos de la ESO y Bachillerato sin límite de suspensos, su consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, se ha mostrado conforme con la Ley Celaá porque "elimina las posibles desigualdades del sistema educativo".
Cataluña
Una de las principales polémicas de la Ley Celaá ha sido la eliminación del castellano como lengua vehicular en la educación, gesto que los partidos de la oposición consideran dirigido al independentismo para obtener su voto favorable no sólo a la ley, sino a los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, es de esperar que la comunidad autónoma esté a favor de la norma del Ministerio de Educación.
Castilla y León
El vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, se refirió a la Ley Celaá como "sectaria" porque impone "agentes políticos en los centros escolares" y fomenta la "mediocridad" al permitir pasar de curso sin suspensos.
Por ello, el Grupo Popular presentó este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley en la que pedía al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada de la tramitación parlamentaria de la ley.
Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que presentará una ley para blindar la educación concertada frente a la Ley Celaá, que ha generado polémica en torno a este punto y protestas en este sector educativo.
"Es increíble que tengamos que llegar a este extremo para defender que padres con hijos con discapacidad nos rueguen por ley que protejamos los colegios. Pues en esa batalla también nos verán", afirmó Ayuso.
Castilla-La Mancha
El viceconsejero de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, señaló este martes que abordará con la comunidad educativa de la región las cuestiones relativas a la LOMLOE al tiempo que pidió cautela y prudencia respecto a los aspectos más polémicos de la norma: "Es una ley valiente en algunos aspectos, pero en las cuestiones más polémicas, queremos ser cautos y prudentes porque sería muy precipitado y prematura hacer una valoración en su conjunto".
Murcia
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que ha ordenado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que analicen todas las opciones jurídicas "para que en la región de Murcia se apliquen todas las contrarreformas necesarias para que esa ley no se aplique en la región de Murcia", ya que tiene de su parte el artículo 27 de la Constitución Española: "Vamos a dar la batalla jurídica y legal para que no se arrebate la libertad de las familias de la Región de Murcia para elegir qué modelo educativo quieren para sus hijos".
