El Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir este jueves 19 de noviembre el dictamen que aprobó la Comisión de Educación y Formación Profesional sobre el proyecto de la LOMLOE o Ley Celaá, cuyo principal objetivo es revertir la LOMCE, aprobada por el PP en 2013.
El proyecto de Ley Orgánica -que tendrá que recibir la mayoría absoluta de la Cámara- ha sido objeto de numerosas críticas en las últimas semanas por sus planteamientos, como el referido a la supresión del castellano como lengua vehicular, la promoción de curso con asignaturas suspensas o sus propuestas para la educación especial.
Las propuestas de la Ley Celaá para la educación especial
La LOMLOE se refiere a los centros de educación especial en la disposición adicional cuarta, que establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
El texto precisa que ese objetivo se corresponde con "el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas" y cumple "el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030".
También establece que "las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
¿Por qué ha sido objeto de polémica?
La Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También -formada por personas con discapacidad intelectual, familiares y docentes- ha pedido que se retire del proyecto de Ley Orgánica esta disposición cuarta porque, a su juicio, está redactada de "manera ambigua" y abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de educación especial de alumnos para, progresivamente y en el plazo de una década, "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado".
El propio presidente de la plataforma educativa, José María Escudero, aseguraba en el mes de abril que la Ley Celaá pretendía limitar la educación especial en los centros dispuestos para ello a los alumnos que requiriesen una atención muy especializada.
Entre los datos en los que apoya su argumento, la plataforma señala que en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo (MAIN) -que acompaña al proyecto de ley- no se prevé ningún incremento del gasto en los centros ordinarios para hacer efectivo el contenido de la disposición cuarta.
Por tanto, si no hay dotación económica y se quiere que los 476 centros de educación especial ofrezcan apoyo a los 181.000 alumnos ya escolarizados en centros ordinarios, la única opción sería un plan de transferencia del alumnado que deje prácticamente vacíos los centros de educación especial.
El pasado mes de mayo, se puso en marcha una campaña a través de WhatsApp y redes sociales en la que se aseguraba que el Gobierno estaba aprovechando el estado de alarma por el coronavirus -aún vigente ese mes- para avanzar hacia el cierre de los centros de educación especial. Entre los mensajes, se podían ver vídeos donde alumnos con discapacidad intelectual pedían que no se cerrase su colegio y enlaces para participar en recogidas de firmas.
¿Qué dice el Ministerio de Educación?
El Ministerio dirigido por Isabel Celaá lleva negando que pretenda cerrar los centros de educación especial desde marzo de 2019. La propia ministra envió una carta a la asociación Plena Inclusión, a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En ella, Celaá insistía en que el Ministerio apoyaba a los centros de educación especial para que pudieran "desempeñar su labor" y siguieran avanzando "en el asesoramiento de los centros ordinarios en esta tarea", al tiempo que trabajaba para "mejorar los recursos materiales y personales de los centros ordinarios" con el fin de que pudieran integrar "a los alumnos con discapacidad que así lo deseen".
También, desde su cuenta de Twitter, el Ministerio salía al paso de las críticas afirmando que su compromiso era que los alumnos con necesidades especiales recibiesen la atención adecuada, "en centros especiales y ordinarios". También explicaba que prestaría el "apoyo necesario" a los centros de educación especial para que además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada", desempeñasen la función de "centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
Asimismo, también aclaró que trabajaría para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizasen en centros ordinarios pudieran tener la mejor atención, porque, "lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad".
