El Gobierno acelera la ley que elimina el castellano como lengua vehicular. En el pleno del próximo jueves ya está incluido en el orden del día del Congreso de los Diputados, según ha podido confirmar Onda Cero. Se trata de la aprobación de la reforma de la Ley de Educación 2/2006, que incluye la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
El Ejecutivo cede así a una de las exigencias de ERC para apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Se da la circunstancia de que no suprimir dicho artículo de la Ley era la petición de Ciudadanos para seguir apoyando los Presupuestos. Se confirma también la evidente apuesta del Gobierno por un pacto con ERC y Bildu.
Las otras polémicas de la ley: suspensos, inspectores, educación concertada...
El sector de la educación mostró su enfado ante varios de los aspectos de la LOMLOE, como el de los inspectores educativos, que ya no se elegirán por oposición, al considerar que esto fomentará el enchufismo y devuelve a tiempos pasados.
Además, el Congreso de los Diputados ya convalidó el decreto-ley por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. La norma abre la posibilidad de que los alumnos pasen de curso sin límite de suspensos y también que se contrate a profesores que no tengan aún el máster específico habilitante.
Asimismo, la Ley Celaá también aumenta las restricciones hacia la educación concertada al no contemplar que este tipo de centros soliciten el pago de cuotas a través de sus fundaciones. Por este motivo, la enseñanza concertada ha convocado tres concentraciones (la próxima, este viernes) a las puertas del Congreso para mostrar su rechazo a la LOMLOE.
La educación especial pide suprimir una disposición de la ley
La 'Plataforma Inclusiva Sí, Especial También' pidió a los grupos parlamentarios que eliminen, a través de enmiendas, de la reforma educativa la Disposición Adicional Cuarta que permitiría cerrar los centros especiales.
Según la plataforma, la redacción de esta disposición tiene una "redacción ambigua" y abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de Educación Especial de alumnos para, progresivamente (en un plazo de una década), "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado".
El proyecto de ley recoge que "las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna".
La Fiscalía investiga el acuerdo entre Celaá y los consejeros
La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará el acuerdo de la ministra Isabel Celaá y los consejeros de Educación a raíz de la denuncia de un particular, donde se ponía de manifiesto que dicha decisión podría haber constituido un presunto delito de prevaricación.
El denunciante consideró que el acuerdo podría haberse adoptado por un órgano que no tenía competencias para ello, en este caso, la conferencia sectorial de Educación.
Todas las medidas del decreto-ley aprobado por el Gobierno
El pasado mes de abril, Educación pidió a las comunidades autónomas que flexibilizaran "de forma excepcional" por la pandemia los criterios para pasar curso en todos los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y que "no tengan en cuenta limitaciones que afecten" al número de suspensos.
Así se contempló después en la Orden del Ministerio de Educación, publicada el 24 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con directrices para el fin de curso 2019-2020 y el inicio del 2020-2021. Se eliminan los límites de suspensos que establece la Lomce para promocionar y para titular en cuarto de la ESO (dos máximo sin que sean a la vez matemáticas y lengua) o Bachillerato (cero).
La orden fue suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León y País Vasco. Se da la circunstancia de que el pasado 15 de octubre el Congreso respaldó también un real decreto del Ministerio de Educación con medidas similares sobre el paso de curso: "La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones".
Dicho real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, adopta medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus y permite a las comunidades otra vez adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Celaá sostuvo en numerosas ocasiones que es "falso" que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos sino que será una decisión colegiada del centro.
