ACCIDENTE DE TREN

La indemnización por fallecido en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida que ha fijado el Gobierno

ondacero.es

Madrid |

Imagen del tren Alvia siniestrado en Adamuz, en Córdoba.

Óscar Puente ha detallado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las ayudas para las víctimas de los accidentes de tren que se produjeron en Adamuz y Gelida, en los que murieron 46 personas y hubo 164 heridos. "No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó con Angrois, que haya víctimas que estén esperando diez años para una indemnización", ha señalado el ministro de Transportes.

En conjunto, las ayudas supondrán 20 millones de euros, siendo 10 millones los destinados para las propias ayudas y otros 10 correspondientes a los anticipos de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. Todo ello, englobado en un real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

La indemnización por fallecido en los accidentes de tren

Así, el Gobierno establece una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los siniestros. Funcionará de la siguiente manera: 72.000 euros corresponderán a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros serán anticipo del seguro de responsabilidad civil y los 72.000 euros restantes llegarán como consecuencia del seguro obligatorio.

En el caso de indemnizaciones por lesiones corporales, Óscar Puente ha señalado que las ayudas tienen una estructura según el baremo existente y van desde los 2.400 euros en los supuestos de menor entidad hasta los más de 84.000 euros en las personas con mayor gravedad.

Las cuantías se efectuarán en un único pago y todas las cantidades estarán libres de impuestos.

Además, Puente ha detallado que el Gobierno iniciará las modificaciones normativas que sean necesarias para que el Estado pueda acordar asumir el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales en los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y atendiendo a diversos factores. Se trata de un mecanismo de intervención pública.