El Defensor del Pueblo investiga si se valoró el riesgo del niño asesinado en Murcia por su padre

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una investigación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y ante la Fiscalía General del Estado tras conocer la muerte de un menor en Beniel (Murcia), presuntamente a manos de su padre, que tenía antecedentes por violencia de género y por quebrantar una orden de alejamiento.

Según ha informado esta institución en un comunicado, ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que informe sobre si, tras el quebrantamiento de la orden de protección, se elaboró y comunicó un informe sobre estimación del nivel de riesgo para la madre y para el menor. También quiere saber a quien se remitió esta información y si se adoptaron otras medidas de protección adicionales.

Paralelamente, el Defensor también ha preguntado a la Fiscalía si recibió esta información sobre estimación del nivel de riesgo para el menor, elaborada por los funcionarios policiales, y si se realizaron actuaciones en relación con el supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento para garantizar la protección del menor.

Fernández Marugán tiene abiertas varias actuaciones para conocer las medidas adoptadas por los poderes públicos para aplicar los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género para evitar nuevos crímenes machistas. "Un maltratador nunca puede ser un buen padre", subraya esta institución, que reclama la protección eficaz e integral para los hijos de padres maltratadores.

En este contexto, la Institución tiene abierta una actuación sobre el funcionamiento del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) y sobre incorporación de nuevos índices específicos para los menores. Así, ha solicitado información sobre la evolución de los trabajos de implementación del protocolo de riesgo de asesinato machista y del incremento de las medidas de protección.

El Defensor recuerda que ya recomendó en 2014 favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijas e hijos con el fin de prevenir posibles riesgos. También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visitas de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

Esta institución reitera que comparte el criterio de Naciones Unidas que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la recomendación a España para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de conceder los derechos de custodia y visita relativos a los hijos e hijas.

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