La aprobación de los dos decretos de vivienda está generando confusión e incertidumbre entre los pequeños propietarios. Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), casi un 90% de las agencias ha registrado incidencias en el mercado en los últimos diez días.
Su presidente, José María Alfaro, ha explicado en Onda Cero que hasta la celebración de las elecciones se avecinan semanas "muy complejas, porque la gente está asustada y no sabe muy bien qué hacer". Aunque muchos propietarios cuyos contratos vencen próximamente pondrían las viviendas en alquiler, "prefieren guardar la casa dos, tres o cuatro años hasta ver qué solución les dan".
Casi 6.000 operaciones se han visto afectadas
El informe revela que hasta un 78% de las inmobiliarias ha informado de la retirada de viviendas del mercado de alquiler, mientras que el 72,4% ha señalado la paralización o el freno en las firmas de alquiler, el 56,6% se refiere al trasvase de propiedades hacia la compraventa y el 38,9% hacia el alquiler de temporada o de habitaciones.
Por cifras, en los últimos diez días hasta 5.758 operaciones se han visto afectadas de alguna manera. En concreto, 2.067 se han retirado del mercado del alquiler, 1.224 se han pasado a la compraventa y 944 a otras modalidades de arrendamiento. Además, 1.523 firmas de contrato han sido bloqueadas.
Ante este escenario de temor entre los pequeños propietarios, Alfaro ha avisado de que la caída en las próximas semanas puede llegar al 30%. Aunque comprende y comparte el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de acceso a la vivienda, ha alertado de que los cambios normativos están teniendo "graves consecuencias".
Críticas por el uso de la Diputación Permanente
A su juicio, los decretos no tienen en cuenta a los pequeños propietarios porque no concretan ni garantizan de forma completa la protección frente a impagos, la cual queda supeditada a "un laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones".
Además, ha criticado el uso de la Diputación Permanente, ya que su uso en una materia "tan delicada y compleja" es "arriesgado", porque supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada en un mercado al límite. Por eso, Alfaro ha insistido en la necesidad de articular un "Plan Marshall de Emergencia" de acceso a la vivienda con criterios de urgencia y excepcionalidad, basado en un Pacto de Estado entre las distintas fuerzas parlamentarias, autonomías, colectivos sociales y expertos.
