Los representantes del colectivo de conductores, cuya labor intermedian plataformas como Uber o Cabify, interrumpieron el tráfico a partir de las 11.00 horas en la arteria principal de la capital, desde la Plaza de Cuzco, encabezados por 40 vehículos de VTC, cuyos conductores fueron obligados a pasar un control de alcoholemia por agentes de la policía municipal.
Los chóferes, en su mayoría vestidos con traje oscuro y corbata, reivindicaron en el corazón de Madrid que toda nueva norma que regule su sector lleve el consenso de todos los agentes implicados.
Sus protestas se extendieron al desconocimiento del nuevo texto normativo que va a dar un giro a la regulación de su actividad.
El presidente de la patronal Unauto VTC, Eduardo Martín, dijo en la cabecera de la manifestación, tras la pancarta con el lema "Por nuestros 70.000 puestos de trabajo", que a menos de 24 horas para la aprobación de un real decreto-ley sobre VTC aún no les han enseñado el borrador.
Martín opinó que "eso no es precisamente una política de consenso como viene anunciando el Gobierno".
Añadió que "es inaceptable que un Gobierno de izquierdas pueda poner en la calle a más de 15.000 personas de manera directa y que cedan para beneficiar exclusivamente al sector del taxi".
El secretario general de la Federación madrileña del Transporte de UGT, Antonio Oviedo, indicó a EFE que los conductores de VTC son trabajadores "la mayoría de ellos en riesgo de exclusión social, mayores de 45 ó 50 años, sin empleo y que han encontrado un trabajo" en las VTC.
Para Oviedo, este colectivo "no es responsable ni culpable de que se hayan autorizado una serie de licencias de VTC, sea por el Gobierno o por los jueces".
Se mostró convencido de que los taxis y los VTC "pueden convivir perfectamente" y subrayó que detrás de Cabify o Uber "hay caras y ojos, trabajadores con una reivindicación justa y que mañana pueden perder sus puestos de trabajo y volver debajo del puente por un real decreto".
Uno de los manifestantes de VTC consultado por EFE admitió que en su puesto de trabajo como conductor está "contento y orgulloso, con un contrato indefinido y un sueldo digno".
El presidente del grupo Auro y que gestiona una importante flota de VTC, José Antonio Parrondo, aseguró a EFE que si la nueva norma VTC faculta a las comunidades autónomas a la obtención de segundas licencias y la supresión de las que sobrepasen la proporción legal 1/30 (una de VTC por cada 30 taxis) le puede suponer un perjuicio de más de 1.000 millones de euros sobre los intereses que representa.
La manifestación, que transcurrió sin incidentes, concluyó a las puertas de entrada del Ministerio de Fomento.
