El presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabuddin, ha disuelto este martes el Parlamento del país tras la dimisión de la hasta ahora primera ministra, Sheij Hasina, que ha abandonado el país para trasladarse a India y que podría desplazarse finalmente a Reino Unido, según informaciones de fuentes diplomáticas.
El jefe de Estado ha tomado la decisión "siguiendo las diferentes conversaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas y los líderes políticos de Bangladesh", así como con "representantes de la sociedad civil y líderes del Movimiento Estudiantil Antidiscriminación", tal y como ha explicado en relación a una configuración parlamentaria que emanaba de las elecciones del 7 de enero.
El presidente ha confirmado en un comunicado la liberación de la líder opositora y ex primera ministra Jaleda Zia, presidenta del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), una formación de centroderecha. En 2018 fue condenada a diez años de prisión por corrupción.
Asimismo, ha explicado que también está previsto que sean liberadas aquellas personas detenidas durante el último mes en el marco de las fuertes protestas contra el Gobierno que han tenido lugar en la país asiático.
El hasta ahora partido gobernante en Bangladesh, la Liga Awami de Hasina, arrasó en enero en unas elecciones que se vieron sin embargo caracterizadas por una baja participación --de menos del 40 por ciento-- ante el llamamiento a la abstención de la oposición.
El partido de Hasina se hizo entonces con 152 de los 208 escaños en juego, garantizando un cuarto mandato consecutivo para la primera ministra. Los escaños que no controlaba directamente fueron a parar mayoritariamente a escisiones de la propia Liga Awami -de corte nacionalista bengalí-, ya que un total de 62 partidos se unieron para pedir el boicot al proceso electoral en un intento por denunciar la deriva autoritaria de Hasina, que también ha sido criticada durante las últimas protestas.
Las protestas, que han dejado ya cientos de muertos, se iniciaron como una lucha contra el sistema de cuotas para los empleos públicos -que establece que un 30 por ciento de la plazas quedan en manos de hijos de veteranos de la guerra de la Independencia-, pero se dirigieron posteriormente contra la figura de Hasina y la represión policial.
