La justicia obligó el 15 de enero a vacunar al bebé de la hepatitis B y de la tuberculosis (BCG) en tres días, a petición de la Defensoría Pública de Menores.
Los padres del pequeño argumentaron los supuestos efectos secundarios que las vacunas tendrían sobre el bebé, entre los que se incluía "el peligro de muerte súbita". Además, protestan porque no se respeta "los derechos de la minoría contra los abusos estatales". Razones, que la justicia no ha considerado suficientes y ha dictaminado que los padres deben vacunarlo porque "involucra la salud pública y sus consecuencias se proyectan directamente a terceras personas".
Asimismo, en la sentencia explican que el Estado "no puede interferir en las decisiones médicas que los padres prefieran para sus hijos menores de edad a menos que existan razones fundadas que así lo justifiquen".
