El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), celebra este martes las dos primeras vistas sobre la ley de amnistía, con el fin de definir si la ley de amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea en la primera sesión, y para saber si la amnistía de los delitos de terrorismo se ajusta al derecho de la UE en la segunda.
En la primera vista, la Comisión Europea, ha insistido en que "no parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".
Carlos Urraca, abogado del Ejecutivo comunitario, ha añadido que "las autoridades españolas no atendieron a la recomendación de la Comisión de Venecia", la que instaba al gobierno a "tomar el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el final de lograr el objetivo invocado de reconciliación".
La financiación del 'procés' en duda
El Tribunal de Cuentas, se plantea si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, y es lo que se investiga. Este caso afecta a 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
Para el abogado de la Comisión, en la financiación del 'procés', no existe "un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión y los recursos propios de la Unión". Aunque desde Bruselas insisten que esto corresponde al Tribunal de Cuentas y son ellos los que deben determinar si se han desviado fondos europeos para financiar estas acciones.
Desde el gobierno coinciden con la Comisión
Pilar Alegría, como portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, insiste en que "la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión", tanto en que "no afecta a los intereses financieros de la UE" y según dice la ministra, "desde luego que la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo".
Los plazos de la amnistía, ¿un problema?
Desde la Comisión, aseguran que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma "podría impedir" que "se lleve a cabo este examen". Aunque Manuel Martín-Granizo, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, dice que este plazo permite que su tribunal pueda comprobar este asunto "sin ningún problema", una opinión que también defiende la Abogacía del Estado y los abogados de los demandados
