Además, ha pedido a los gobiernos que "diferencien" entre los ciudadanos que ofrecen un servicio de manera individual o sobre una base "ocasional" y aquellos proveedores que actúen "a título profesional", por ejemplo estableciendo un "umbral de nivel de actividad".
"Una economía europea competitiva requiere innovación. Nuestro papel es impulsar un entorno regulatorio que permita la creación de nuevos modelos de negocio, al tiempo que se protege a los consumidores y se aseguran condiciones fiscales y laborales justas", ha declarado el vicepresidente comunitario responsable de Empleo y Competitividad, Jyrki Katainen.
Katainen también ha querido calmar los temores de competidores tradicionales que ven en las nueva plataformas una amenaza para su negocio y ha negado que se persiga "reemplazar" un modelo por otro.
La comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, ha insistido en la necesidad de arrojar "claridad" en el mercado y ha recalcado que "no proponemos ninguna regla nueva", sino que la idea de Bruselas es explicar "cómo emplear las existentes".
Para ello, el Ejecutivo comunitario plantea orientaciones sobre el modo en que deben aplicarse las normas que ya existen en la UE de manera más "ágil y rápida", aunque no son obligatorias para los Estados miembros.
Bruselas ve en la economía colaborativa una oportunidad de crecimiento para la economía europea, en donde quienes quieran iniciar un negocio pueden "testar las aguas" y en donde crear una nueva demanda y nuevos consumidores.
Sin embargo, advierte de que esta oportunidad no debe dar pie a una "economía paralela", por lo que aboga por establecer normas comunes en los Estados miembros que garanticen que esas plataformas pagan impuestos, garantizan la protección de los consumidores y ofrecen condiciones de empleo "justas".
Por ejemplo, Bruselas plantea que la obligación de contar con una licencia o permiso de actividad se aplique "cuando sea estrictamente necesario" por razones de interés público y opina que la prohibición total debe ser "únicamente una medida de último recurso".
En este sentido, los servicios comunitarios advierten en su propuesta de que no se debe exigir estas licencias a las plataformas de economía colaborativa cuando actúan como "intermediarios" entre consumidores y aquellos que ofrecen un servicio como el transporte o alojamiento.
"Pedimos a las plataformas que actúen de manera muy responsable, con medidas voluntarias para mejorar la confianza de los consumidores", ha indicado la comisaria Bienkowska, que también ha pedido a los Estados miembros que evalúen si la regulación actual es la adecuada y "responde a las necesidades" de la economía colaborativa.
La comisaria ha negado que las directrices presentadas hayan sido "diseñadas para una única compañía", en alusión a la polémica Uber contra la que el sector del taxi y varios Estados Unidos como España han planteado importantes reservas.
"Son orientaciones para todos los nuevos modelos de negocio en Europa y ofrecen criterios clave para que los Estados miembros puedan valorar si se trata de proveedores o de intermediarios", ha añadido.
Así ha negado normas que favorecen un modelo determinado, pero ha alertado de la necesidad en enfoque común frente a la disparidad "entre países que prohíben plenamente su actividad y otros para los que su actividad es celebrada".
Bruselas plantea, además, que las plataformas de economía colaborativa deben estar "exentas de responsabilidad" en cuestiones como los datos almacenados en nombre de quienes proponen un servicio, pero sí deben responder de servicios que ofrecen ellas directamente, como los servicios de pago.
En lo que a la protección del consumidor se refiere, Bruselas aclara que los usuarios deben de estar protegidos ante abusos y prácticas desleales, pero pide que por ello "no se impongan obligaciones desproporcionadas" a quienes ofrecen determinados servicios de manera "ocasional".
Según una reciente encuesta de Eurostat, uno de cada seis europeos ha recurrido alguna vez a los servicios de las plataformas colaborativas y un 50 % conoce su existencia.
Se trata de un sector que en 2015 movió cerca de 28.000 millones de euros, una cifra que dobla la del año anterior, de acuerdo a los datos ofrecidos por Bruselas.
