Tras las elecciones del 8 de febrero, el PP aragonés necesita el respaldo de Vox para mantener la presidencia de la Comunidad, pero la formación de Santiago Abascal ya ha dejado sobre la mesa condiciones más exigentes que en 2023. Vox reclama un papel de gobierno, no solo de apoyo parlamentario, y subraya que cualquier acuerdo debe traducirse en consejerías con capacidad real de decisión y en un marco presupuestario que permita aplicar sus prioridades políticas.
Responsabilidades en el Gobierno
José Antonio Fuster ha insistido en que Vox quiere entrar en el Gobierno de Aragón con consejerías con "presupuesto y estructura", es decir, con competencias plenas y plantilla propia, y no cargos meramente simbólicos. El partido también ha dejado sobre la mesa la posibilidad de una vicepresidencia de la DGA, lo que refuerza su voluntad de marcar agenda en el Ejecutivo aragonés.
Presupuestos como eje del pacto
En sus declaraciones, Fuster ha subrayado que el acuerdo debe pasar por la negociación detallada de los presupuestos autonómicos, con un análisis punto por punto de los miles de folios que componen el proyecto. Ha recordado que "nos sentamos y negociamos los 5.000 folios de los presupuestos, porque ese es el contrato que hemos firmado con los aragoneses", rechazando que el PP pretenda limitar la discusión a unos cuadros resumen en un PowerPoint de 30 páginas.
Líneas programáticas de Vox
Fuster ha reiterado un bloque de prioridades que se alinean con el programa nacional de Vox: denuncia del Pacto Verde europeo, combate a la inmigración "ilegal y desordenada", defensa de la "industria cero" y de la producción industrial tradicional, lucha contra el "adoctrinamiento en las aulas" y bajadas de impuestos.
La formación subraya que estas medidas ya se han plasmado en pactos similares con el PPen otras comunidades, como la Comunitat Valenciana, y exige que en Aragón se reproduzca un modelo de gobierno de coalición con el mismo nivel de exigencia.
Reacción del PP y escenario de negociación
Desde el PP aragonés se reconoce que Vox es clave para la investidura, pero también se advierte de que muchas de sus exigencias son "inaplicables" o "ilegales", especialmente en materia medioambiental y de derechos. No obstante, el presidente Jorge Azcón ha abierto la puerta a una ronda de contactos con todos los partidos, dejando en el aire si está dispuesto a aceptar un gobierno de coalición a cambio de ceder consejerías y ajustar el programa y los presupuestos a las demandas de la ultraderecha.
