El Tribunal Supremo celebra la vista de cuestiones previas, prólogo del juicio por el 'procés' que arrancará en enero con la fecha aún por determinar.
Siete jueces, presididos por Manuel Marchena, tienen que decidir si el Alto Tribunal es el competente para juzgar a los líderes independentistas.
Sin presencia física de los acusados, sus defensas han insistido en que los hechos se produjeron en Cataluña y deben ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una pretensión a la que se han opuesto las acusaciones.
Hasta once abogados han intervenido para defender que los elementos que se argumentan para justificar la competencia del Tribunal Supremo son "aislados y relevantes" y no son los elementos integradores del delito de rebelión. Si la hubo, según algunos abogados, ocurrió en Cataluña.
"Creo que toda España sabe más o menos las fechas en las que se va a empezar este juicio, que me dan que pensar que el tribunal ya ha tomado la decisión de no estimar la cuestión previa", ha dicho uno de ellos.
"De haber existido un acto de rebelión, el alzamiento tumultuario, sedicioso, violento, como se califique finalmente, se produjo en Cataluña", ha argumentado otro de los abogados.
Las acusaciones responden que la internacionalización del conflicto, el voto en el exterior y los fondos públicos malversados fueron absolutamente necesarios para la consecución de la rebelión.
Según el fiscal Jaime Moreno, lo que ocurrió en el referéndum del 1-O trasciende al territorio catalán: "el resultado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma de Cataluña".
Las defensas afirman estar "poco o nada" esperanzadas en que les den la razón y casi dan por hecho que el juicio se celebrará en el Tribunal Supremo.
Además, anuncian que pedirán traductores simultáneos porque los acusados declararán en su lengua materna, el catalán.