La suspensión se produce al admitir a trámite el tribunal el recurso del Gobierno, el último de los que ha presentado recientemente la Abogacía del Estado contra las leyes que pretenden crear estructuras de Estado en Cataluña.
Ese recurso impugna toda la ley citada en su conjunto y en él se invoca el artículo 161.2 de la Constitución, que supone la suspensión cautelar.
El Gobierno recurrió a finales del pasado mes de septiembre contra la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña por entender que pretende crear un organismo autónomo de sanidad y seguridad social vinculado al proceso secesionista.
La admisión del recurso supone la suspensión de la norma durante al menos cinco meses, período que puede ser renovado en sucesivas ocasiones por el tribunal en tanto no resuelva sobre el fondo del asunto.