Beatriz Biedma, la jueza que investigó la contratación irregular en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz personarse como acusación particular en el 'caso Leire Díez' aduciendo que la supuesta trama le provocó perjuicios personales e institucionales.
La magistrada solicitó en un escrito personarse en la causa en la que se investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.
Biedma incidió en su "condición de perjudicada" en la causa "en el plano personal" por haber sido objeto, según los indicios, "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".
Así funcionaba la supuesta trama: el objetivo, "neutralizar" la investigación
La jueza argumentó que extiende esta condición al plano institucional, "por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición" de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, ya condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
En este sentido, señaló que los indicios apuntan que la finalidad de la presunta trama era "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada". Además, la magistrada incide en que "resultó directamente afectada" por las supuestas actuaciones que se investigan y recoge las palabras de la UCO de la Guardia Civil en uno de sus informes: "Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma".
"Según se desprende de los elementos ya conocidos de la investigación, se desarrolló una actividad específica de obtención y recopilación de información relativa a la magistrada, su entorno personal, familiar y profesional, así como una intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones difundidas en medios digitales y redes sociales", añade el escrito.
Así, la magistrada señala que "habría sido la propia Leire Díez quien indicó" al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que "promoviera denuncias contra esta magistrada ante la Fiscalía General del Estado, por entender que disponía de capacidad de influencia sobre dicha institución".
"Si bien Sáenz de Tejada ya llevaba denunciando a la magistrada Biedma desde que ésta intervino en la instrucción de la causa penal en la que finalmente resultó condenado, es evidente que, con el respaldo del grupo criminal investigado, aprovechó el interés mediático del procedimiento penal seguido contra David Sánchez para multiplicar los efectos y daños de la campaña de descrédito organizada para perjudicar la reputación de la instructora", argumenta.
Contactos con el narcotráfico
Biedma también hace referencia a informaciones publicadas sobre una anotación en la agenda de Díez "días después de que se rechazara la recusación promovida por Sáenz de Tejada", que atribuye a "una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física".
Según esta información, esta anotación "estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico". Así las cosas, Biedma asegura que ha tenido conocimiento "de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz (Los Rochos) con la finalidad de actuar contra la magistrada".
Si bien explica que "el concreto alcance de tales contactos y su finalidad real deberán ser objeto de la correspondiente investigación judicial", señala que "la gravedad de este extremo resulta evidente".
Especialmente, añade, "si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".
