Los nuevos nombramientos por parte de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ya han recibido las primeras críticas. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha mostrado su "absoluta preocupación" a través de un comunicado en el que lamenta que "desperdicie" la oportunidad de "devolver el prestigio a la Fiscalía".
A su juicio, hay un "grave riesgo de control político" tras el nombramiento de varios altos cargos de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional y en Fiscalías especializadas como Anticorrupción o Antidroga, entre otros. "Este estado de cosas nos perjudica a los fiscales, y solo favorece a los intereses del Gobierno", ha subrayado la APIF.
Según esta asociación, el nombramiento del nuevo fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo es para "asegurar la continuidad" con respecto a "asuntos sensibles para el Gobierno" y no se corresponde con una elección basada en "méritos y capacidad".
Denuncian que no se ha tenido en cuenta la experiencia, la antigüedad o el currículum
La APIF ha denunciado que desde hace unos años existen "discrepancias fundamentales" entre los fiscales del Tribunal Supremo con algunos fiscales jefe de sección y la teniente fiscal de Tribunal Supremo en "asuntos que son de interés para el Gobierno", por ejemplo, "investigaciones relacionadas con el terrorismo", como Tsunami Democràtic o el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Estos nombramientos, cuyo cometido es "pronunciarse sobre responsabilidades penales" de dirigentes políticos y se ha preferido a estas personas por delante de otras con cualidades "de mayor profesionalidad","experiencia", "muy superior antigüedad y su currículum mucho más adecuado".
Los nombramientos de Peramato
Peramato, por su parte, ha defendido su elección, aunque ha asegurado que comprende "la decepción" de quienes no han sido nombrados. La fiscal general he recordado que se presentaron 86 fiscales para 19 plazas. Todos ellos, según sus palabras, están "muy cualificados para ocupar cualquiera de los cargos que salían a concurso", pero "obviamente 69 no podían acceder" a esas plazas.
Entre los nombramientos de la fiscal destacan Javier Huete, Ana Isabel García y María Farnés Martínez como fiscales de sala jefes de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo; Beatriz López como fiscal ante la Audiencia Nacional y, para la del Constitucional, a Raquel Muñoz e Ignacio Rodríguez.
También ha nombrado a la x fiscal general María José Segarra como fiscal de Sala de personas con discapacidad y mayores; Virna María Alonso estará en la Fiscalía Anticorrupción y a Marcelo Juan de Azcárraga en la Fiscalía Antidroga y Javier Rufino como fiscal de Sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio.
