caso masacarillas

El Supremo da 15 días a Ábalos, Koldo y Aldama para pagar 647.000 euros por el caso Mascarillas

El Alto Tribunal inicia la ejecución de la sentencia y reclama a los tres condenados el pago de las multas, los beneficios obtenidos por cohecho y las indemnizaciones a Ineco y Tragsa.

Javier Matiacci

Madrid |

José Luis Ábalos en una imagen de archivo
José Luis Ábalos en una imagen de archivo | Europa Press

El Tribunal Supremo ha iniciado el procedimiento para ejecutar la sentencia del caso Mascarillas y ha dado un plazo de 15 días al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama para afrontar el pago de 647.000 euros correspondientes a las multas, decomisos e indemnizaciones impuestos tras su condena.

El Alto Tribunal ha requerido a los tres condenados que hagan frente a las responsabilidades económicas establecidas en la sentencia, que incluyen tanto sanciones individuales como cantidades derivadas de los beneficios obtenidos mediante el delito de cohecho.

Las multas impuestas a Ábalos, Koldo y Aldama

El Supremo establece una multa de 52.000 euros para José Luis Ábalos, otra de 45.000 euros para Koldo García y una tercera de 75.000 euros para Víctor de Aldama.

A estas cantidades se suma el decomiso de 430.000 euros, importe en el que el tribunal cifró los beneficios procedentes del delito de cohecho por el que fueron condenados Ábalos y Koldo, que cumplen condena en prisión.

El requerimiento forma parte de la ejecución de la sentencia y obliga a los condenados a afrontar las consecuencias económicas fijadas por el tribunal.

Indemnizaciones a Ineco y Tragsa por los pagos a Jéssica Rodríguez

Además de las multas y el decomiso, los tres condenados deberán responder conjuntamente, en concepto de responsabilidad civil, por las cantidades abonadas a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, por las empresas públicas Ineco y Tragsa.

En concreto, el Supremo establece una indemnización de 34.000 euros para Ineco y otra de 9.500 euros para Tragsa, correspondientes a los salarios que Rodríguez percibió pese a no acudir a trabajar, según los hechos recogidos en la sentencia.

Estas cantidades se incorporan a las responsabilidades económicas cuya ejecución ha comenzado ahora el Alto Tribunal, que ha fijado un plazo de 15 días para que los condenados atiendan el requerimiento.