El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.
El decreto -rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
La derogación no solo deja sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, sino también otras medidas de índole fiscal y empresarial.
Medidas que caen con el decreto
- Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por impago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador.
- Ampliación hasta esa fecha del plazo para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es gran tenedor.
- Prórroga del bono social energético.
- Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
- Adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026–2031.
- Prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
- Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
- Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.
- Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana y la exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas por la dana.
- Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.
- Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.
- Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.
- Mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
- Posibilidad de renunciar de forma extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y al registro de devolución mensual.
- Flexibilización de los requisitos que permiten ser considerado un operador de hidrocarburos confiable.
- Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales. No se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
- Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
- Actualización de las entregas a cuenta a entidades locales.
- Régimen de endeudamiento autonómico.
- No exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
