La vivienda es el mayor problema de los españoles, según todas las encuestas. El desahucio de Mari Carmen de 87 años, tras 70 viviendo en su casa en el barrio de Retiro (Madrid), ha generado mucha conmoción. Tanto es así que está pasando a ser el mayor problema de todos los que tiene el Gobierno. Es el que afecta a más gente, y también el que más decepciones ha causado en sus votantes y en sus socios.
Al día se ejecutan unos 45 desahucios y el acceso a una vivienda es cada vez más complicado. Según un estudio publicado por la OCU, en Madrid y Barcelona apenas quedan viviendas de alquiler por 700 euros. Tampoco hay suficiente oferta de vivienda y las ayudas son escasas. Es por ello que Sumar ha dado un ultimátum al Gobierno, para que apruebe en el próximo Consejo de Ministros el decreto de vivienda.
Se acabó el tiempo
En palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también miembro de Sumar el decreto debe aprobarse "sí o sí". También ha anunciado que su partido pedirá que se expropie al fondo buitre el piso de Maricarmen. "Estamos trabajando con este margen. Se acabó el tiempo", ha sentenciado la ministra.
El mismo mensaje ha compartido en sus redes sociales el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Ernest Urtasun, mientras que la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de la formación ha añadido que el real decreto debe aprobar, también, un paquete para congelar los alquileres.
Fuentes de SUMAR han confirmado el envío de un escrito a la parte socialista del Gobierno para exigir la aprobación del real decreto, porque el Ejecutivo ""no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre" prevalezca sobre el interés general.
Junts admite conversaciones con el PSOE
Sin embargo, el PSOE no tiene los apoyos suficientes y tiene que convencer a Junts. El partido independentista catalán ha confirmado que hace dos semanas entregó "en mano" sus propuestas sobre esta materia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que las está estudiando.
Son las mismas que presentó el partido hace meses y que, de ser aceptadas, supondrían que Junts apoyara el real decreto. Entre ellas se encuentran la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores; el restablecimiento de las cuentas de ahorro para la compra de vivienda o medidas antiokupación.
En este sentido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que tras el desahucio de Maricarmen se han aproximado "algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas". En una entrevista en TVE, ha comentado que el Gobierno "podría aprobarlo mañana", pero si no lo apoyan el resto de grupos, no se convertirá en ley "y no se habrá conseguido nada".
PSOE y PP se repcohan mutuamente la crisis de la vivienda
Cabe recordar que es la tercera vez que se intentará sacar adelante el decreto, ya que en las dos anteriores lo han tumbado los votos de PP, Vox y Junts. El partido independentista catalán siempre se ha mostrado crítico con las medidas de PSOE y Sumar al considerarlas "intervencionistas".
Desde el PSOE han cargado contra el PP y Vox, y les han reprochado que, si hubieran votado a favor en su momento, "hoy Maricarmen seguiría en el que ha sido su hogar durante 70 años". Por ello, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha recalcado que ahora hay "otra oportunidad" para evitar que una situación así se repita, por lo que pide "altura de miras y responsabilidad".
Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, cree que la crisis de vivienda es culpa del "fracaso absoluto" de la gestión del Ejecutivo, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado que el desahucio de Maricarmen se debe a que las rentas antiguas se van sustituyendo por "ley socialista que, si no cumples, te ponen en la calle".
Desde Podemos, que hasta ahora también ha rechazado las propuestas del Gobierno, y cuyos votos también son clave para sacar adelante el decreto, han acusado a PSOE y PP de "romper España" con su gestión de la vivienda. Unos por su ineficacia desde el Gobierno, los otros por sus competencias autonómicas.
