El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 viviendo en el mismo piso del madrileño barrio de Retiro, se ha convertido en asunto de primera plana. Cientos de personas se han concentrado desde primera hora frente a su vivienda para intentar evitar un lanzamiento que finalmente ha terminado ejecutándose en su cuarto intento.
Maricarmen llegó a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en 1956, cuando tenía 17 años, junto a sus padres. El contrato original era de renta antigua y estaba a nombre de su padre. Tras su fallecimiento pasó a su madre y, cuando esta murió en 2005, Maricarmen se subrogó en el alquiler.
Tras ello estuvo años pagando la renta sin que se cuestionara su permanencia en la vivienda. El conflicto comenzó después de que el edificio cambiara de propietarios y la actual sociedad propietaria sostuviera que el contrato de Maricarmen había quedado extinguido años atrás. La disputa terminó en los tribunales y, aunque inicialmente obtuvo una resolución favorable, el procedimiento acabó llegando al Tribunal Supremo, que dio la razón a la propiedad.
Pero, ¿Por qué una persona que llevaba siete décadas viviendo y pagando el alquiler de una vivienda haya terminado perdiendo el derecho a permanecer en ella?
La clave está en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994
Para entenderlo hay que remontarse a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el Gobierno de Felipe González, que modificó el régimen aplicable a los antiguos contratos de renta antigua.
El contrato de la familia de Maricarmen databa de 1956. Aquellos alquileres estaban sometidos a un sistema de prórroga forzosa que permitía al inquilino permanecer en la vivienda y contemplaba además la posibilidad de subrogar el contrato a determinados familiares tras su fallecimiento.
El denominado decreto Boyer de 1985 eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos, pero mantuvo el régimen de los anteriores. Fue posteriormente la LAU de 1994 la que estableció un sistema destinado a limitar progresivamente la duración de esos contratos antiguos.
En el caso de Maricarmen resulta determinante el régimen de las subrogaciones. Tras la muerte de su padre, el contrato pasó a su madre y, cuando ella falleció en 2005, Maricarmen quedó subrogada en el alquiler.
La legislación de 1994 estableció límites para estas situaciones y contempló determinadas excepciones. Entre ellas, que el descendiente tuviera reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%, por lo que no alcanza ese umbral. La ley incluso establece que quienes pierdan el derecho a subrogarse por la aplicación de este régimen tengan consideración preferente en determinados programas públicos de acceso a vivienda.
La defensa de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas han argumentado que el contrato original estaba únicamente a nombre del padre. Sostienen que las restricciones que existían para las mujeres en aquella época impidieron que su madre figurara como cotitular y que eso terminó condicionando décadas después el régimen de subrogaciones. La propiedad ha defendido, por el contrario, que la subrogación de Maricarmen había expirado y los tribunales terminaron avalando su posición.
Años pagando el alquiler después de que el contrato hubiera expirado
Otro elemento que explica la larga batalla judicial es que la situación no se cuestionó inmediatamente.
Según la información publicada sobre el procedimiento, los propietarios continuaron recibiendo durante años los pagos del alquiler. Cuando el inmueble cambió posteriormente de manos, la nueva propiedad sostuvo que el contrato ya no estaba vigente. Maricarmen ganó inicialmente el procedimiento, pero las posteriores resoluciones terminaron dando la razón a la propiedad.
La actual propietaria llegó a ofrecerle un nuevo contrato, pero por una cantidad muy superior a los alrededor de 500 euros mensuales que venía pagando. Las informaciones publicadas difieren sobre las cantidades planteadas durante las negociaciones: algunas sitúan una propuesta en 1.650 euros y otras señalan que inicialmente se reclamaron 2.650 euros y posteriormente se rebajó la cantidad.
Maricarmen, cuya pensión se sitúa en torno a los 1.350 euros según las informaciones publicadas, no podía asumir esas cantidades.
Las alternativas planteadas antes del desahucio
La ejecución del lanzamiento se ha producido además después de que en las últimas horas se plantearan diferentes alternativas que finalmente no prosperaron.
Una escritora que ha preferido permanecer en el anonimato se ofreció a asumir la diferencia entre lo que pagaba Maricarmen y el alquiler solicitado por la propiedad durante el tiempo que fuera necesario. Según El País, la oferta contemplaba que Maricarmen continuase pagando sus aproximadamente 500 euros mensuales y que la donante abonase el resto, además de asumir la deuda existente. La propiedad no aceptó el acuerdo.
El Ministerio de Vivienda también trató de adquirir el inmueble a través de Casa 47, pero, según fuentes del departamento citadas por el mismo periódico, la sociedad propietaria rechazó la oferta.
Este miércoles, durante las negociaciones inmediatamente anteriores al lanzamiento, la defensa de Maricarmen asegura que planteó varias posibilidades: suspender el desahucio por razones humanitarias, esperar a que se resolviera un escrito presentado ante el juzgado, aceptar que un particular asumiera el alquiler o conceder unos días para que las administraciones encontraran una alternativa habitacional. Según su abogada, Beatriz Duro, ninguna de ellas fue aceptada por la propiedad.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid sostiene que ha ofrecido a Maricarmen un recurso habitacional "de manera inmediata". Antes del lanzamiento también aseguró haberle planteado distintas alternativas, algo que la propia afectada y el Sindicato de Inquilinas han cuestionado en los términos en los que fue presentado.
