El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha abierto diligencias previas para investigar el robo de cable de cobre que el pasado domingo provocó la paralización de una treintena de trenes en la línea AVE Madrid-Sevilla y afectó a más de 10.000 pasajeros. Según fuentes jurídicas, el caso se investiga por un delito de robo con fuerza, una calificación que en principio descarta la hipótesis de sabotaje.
El juzgado ya ha recibido el atestado preliminar de la Guardia Civil, donde se sostiene que los hechos responden a un acto de delincuencia común, presuntamente cometido por bandas itinerantes especializadas en el robo de cobre. En ningún momento, el documento alude a la posibilidad de que se tratara de un acto premeditado con intención de atentar contra la infraestructura ferroviaria.
Pese a esta conclusión inicial, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves que "todas las hipótesis están abiertas" y que aún se espera el informe definitivo de la Guardia Civil. "Confío en que la investigación se concluya con eficacia y en el menor tiempo posible. Estoy convencido de que en breve conoceremos las circunstancias exactas de lo ocurrido", declaró desde Soria, al ser preguntado por el incidente.
En relación a si el ministro de Transportes, Óscar Puente, se precipitó al apuntar en un primer momento a un posible sabotaje, Grande-Marlaska ha evitado pronunciarse de forma directa, insistiendo en que se debe dejar trabajar a los investigadores y esperar a las conclusiones finales.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real ha anunciado que la Guardia Civil reforzará las actuaciones en la zona afectada. Se trata, según sus palabras, de una “operación de alto impacto” que incluye un aumento de los efectivos y una intensificación de las labores de prevención para garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria.
