El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a 16 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA sobre hidrocarburos, entre 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow', donde aparecen vinculados el empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama en otro negocio, y un capitán de la Guardia Civil.
En un auto fechado este lunes, el magistrado atribuye al empresario un total de siete delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales. Por su parte, el capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, que también está implicado en el caso Leire Diez, se enfrenta a delitos de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.
Según sostiene el juez Pedraz, los investigados formaban parte de una organización criminal, integrada por tres grupos de individuos, que pretendían utilizar el impago del IVA de los hidrocarburos como margen comercial que les permitiera bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado y, así, aumentar sus ingresos.
Un fraude de 148 millones
La resolución detalla que la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones de euros, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones de euros. Respecto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones de euros.
Una vez realizado el fraude, explica el juez, el disfrute de los beneficios no se llevaba a cabo directamente por la organización criminal desde las entidades con las que se realiza, sino que existían uno o varios pasos previos para alojar los fondos. En este sentido, indica, se han detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de casi 60 millones de euros.
El papel del capitán de la Guardia Civil en la trama
Tal y como detalla el auto, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes pasó a formar parte del grupo desde enero de 2008 a julio de 2022. El magistrado detalla las relaciones del agente con los miembros de la organización criminal y los pagos recibidos por la supuesta revelación de informaciones policiales a las que tenía acceso, lo cual pudo permitir a aquellos tener conocimiento previo de las actuaciones policiales y detenciones que se iban a realizar y anticiparse a las consecuencias de los registros.
Además, el patrimonio del capitán pasó de 251.587,89 euros del año 2018 a 590.300,21 en 2022, lo que supone un incremento de un 134% en cuatro años.
