El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que admita la denuncia que presentó el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no abstenerse de participar en los Consejos de Ministros que aprobaron medidas favorables para Air Europa, entre ellas, su rescate con 475 millones de euros de dinero público, pese a las relaciones laborales de su esposa, Begoña Gómez, con la compañía.
Los magistrados se han pronunciado así después de que los 'populares' presentaran un recurso contencioso-admnistrativo ante el TSJ madrileño contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos de Interés por las que se archivó la denuncia que presentaron los de Alberto Núñez Feijóo en marzo de 2024.
En una sentencia el tribunal sostiene que "debe procederse a la tramitación de la denuncia" del PP "con una actividad de investigación al respecto". "Y una vez realizado, se dictará la resolución procedente, que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso, ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas", añade.
De esta manera la Justicia obliga al Gobierno a analizar si Sánchez incurrió en una posible incompatibilidad al intervenir en los Consejos de Ministros que aprobaron ayudas millonarias a la aerolínea.
Qué denunció el PP
Según el PP, el presidente debió abstenerse al tratarse de una empresa que, según informaciones periodísticas, financiaba una cátedra universitaria vinculada a su esposa desde 2018, apenas un mes después de su llegada a La Moncloa. El partido cifra en 795 millones de euros el total de fondos públicos que recibió Air Europa durante la legislatura, incluidos los 475 millones del rescate autorizado en 2020 a través del fondo estatal para empresas estratégicas
La Oficina de Conflictos de Intereses archivó inicialmente el expediente tras recibir un escrito del gabinete de Sánchez en el que se afirmaba que Begoña Gómez "no ha mantenido ni mantiene relación laboral o profesional alguna con Air Europa ni con Globalia", su matriz. El PP recurrió entonces a los tribunales, que ahora obligan a reabrir el caso para examinar si hubo vulneración de la Ley de Altos Cargos, que regula los supuestos de abstención en casos de conflicto de interés.
Qué implica la sentencia del TSJM
El fallo del TSJM no entra en si existen o no indicios penales, pero considera que debe evaluarse si la actuación del presidente pudo contravenir la normativa administrativa vigente.
Primero, porque "no se ha producido actividad material de investigación por parte de la OCI" cuando "los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación" y no solo una solicitud de información al gabinete de Sánchez para conocer la relación entre Begoña Gómez y Air Europa.
Y, en segundo lugar, porque el PP está "legitimado" para denunciar indicios de posibles irregularidades, aunque no para exigir una sanción, en contra de lo alegado por la Abogacía del Estado.
La sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante la Sala en el plazo de treinta días. El procedimiento seguirá así previsiblemente en manos de la OCI, que tendrá ahora que mover ficha.
El Gobierno está tranquilo
Fuentes del gobierno han confirmado en Onda Cero que están tranquilos porque sostienen que la Justicia ha detectado un defecto de forma y por eso ha ordenado investigar.
Satisfacción en el PP
La noticia la desvelaba durante la sesión de control al gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo que ha celebrado que les haya dado la razón. "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Air Europa", ha dicho el líder popular en el Congreso.
Los populares interpretan la resolución del TSJM como "un nuevo varapalo judicial para el Gobierno" en la misma semana en la que se registra el piso del exministro José Luis Ábalos, se investigan las empresas sobre las que mostró interés el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y se procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
Génova ha retado al Gobierno a cumplir con la sentencia y hacer "las investigaciones pertinentes para aclarar la situación", aunque han expresado sus recelos por la dependencia gubernamental de la OCI. "nos tememos que seguirán haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora desde las cloacas de Ferraz: mentir, obstaculizar las investigaciones y tapar su corrupción bajo las alfombras de Moncloa", han augurado las mismas fuentes.
