Los informes y avisos policiales conocidos tras la crisis migratoria de Ceuta contradicen la versión defendida hasta ahora por el Gobierno sobre dos aspectos fundamentales: la existencia de indicios que apuntan a Marruecos y el conocimiento previo del riesgo de una entrada coordinada en la ciudad autónoma.
El Ejecutivo ha negado reiteradamente que los servicios de información hubieran detectado la posible participación de las autoridades marroquíes en los hechos del 30 y 31 de julio. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, volvió a sostenerlo tras el último Consejo de Ministros.
"No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta", afirmó Bolaños.
En términos similares se había pronunciado Pedro Sánchez. El presidente aseguró que no existía información procedente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni del Centro Nacional de Inteligencia que apuntara a la participación de las autoridades de Marruecos. La ministra Elma Saiz también había defendido que no había "ningún indicio" de su intervención.
Sin embargo, el informe elaborado después de los hechos por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) señala, según la información conocida, la actuación de gendarmes marroquíes y policías de paisano. Interior matiza que la mención de determinados agentes no permite atribuir institucionalmente a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos la planificación o ejecución de la entrada masiva.
A ese informe posterior, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional Ana María Tardón, se suman los avisos emitidos antes del inicio de la crisis. Se trata de documentación diferente. Comunicaciones previas que advertían del riesgo de que se produjeran entradas irregulares.
La Policía había enviado dos avisos antes del 30 de julio. Uno de ellos, fechado el día 29, alertaba de una probabilidad alta de llegadas a nado y de un "riesgo extremo" para la seguridad en caso de una acción coordinada. La advertencia identificaba tres factores: la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones por mar, una festividad en Marruecos y los movimientos detectados en redes sociales.
Los sindicatos policiales también han asegurado que Interior había sido informado. "Estaban informados y no hicieron absolutamente nada", ha denunciado Jupol, que ha pedido la dimisión inmediata del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Moncloa sostiene que ningún informe anticipó la dimensión que finalmente alcanzó la crisis. El Gobierno centra así su defensa en que no recibió un aviso que contemplara la entrada de unas 70.000 personas.
