El Gobierno ha requerido información al comisionado del Estado para la dana, José María Ángel, en relación a las acusaciones que apuntan a la posible falsificación de su título universitario que le habría permitido acceder a la función pública con un nivel y sueldo superior.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha enfatizado que se está recabando toda la información y esperan una pronunciación "inmediata" del comisionado.
Investigación de Agencia Valenciana Antifraude
Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude concluye que José María Ángel "no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía que consta en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que no constan evidencias de que dicha titulación sea real".
La investigación arrancó tras una denuncia anónima y confirmó que el título era una fotocopia no autenticada.
Además, el informe señala que varios funcionarios responsables en la Diputación de Valencia actuaron con "negligencia" al validar sin comprobar debidamente el título, lo que habría permitido que el comisionado se beneficiara de una categoría y salario superiores a los que le corresponderían sin dicha titulación.
La diferencia salarial entre un funcionario con y sin diplomatura es de 1572,72 euros al año, unos 131 euros al mes.
Respuesta del comisionado y del Gobierno
El comisionado ha negado la existencia del documento falso y no reconoce el título publicado que probaría la falsificación. Desde el Gobierno se mantiene que Ángel accedió al cuerpo funcionarial en un momento en el que la titulación requerida era diferente a la actual, debido a la reestructuración administrativa que elevó los requisitos posteriormente. No obstante, se recalca que, de confirmarse la falsificación, el asunto sería de extrema gravedad.
Reacciones políticas y sociales
La polémica ha provocado que el Partido Popular reclame el "cese fulminante" del comisionado como consecuencia de esta presunta irregularidad. Paralelamente, la investigación podría derivar en sanciones administrativas por falsedad documental y mala praxis en la gestión pública. La Fiscalía Anticorrupción también ha abierto diligencias para investigar los hechos.
