No pagó comisiones, todo fue legal y no quiso aprovecharse sino ayudar en un contexto de pandemia. En una declaración muy breve que apenas se prolongó media hora, el supuesto cabecilla del “caso Koldo”, Juan Carlos Cueto, ha defendido ante el magistrado Ismael Moreno la limpieza de los contratos que investiga la Audiencia Nacional, adjudicaciones de venta de mascarillas y otro material sanitario al Ministerio de Defensa y a las administraciones también socialistas de Baleares y Canarias por valor de 54 millones de euros.
Juan Carlos Cueto, titular real de la empresa adjudicataria de los contratos Soluciones de Gestión, ha negado “haber pagado a nadie”, según cuentan fuentes presentes en la comparecencia. El empresario se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares -PP y Vox- y sólo ha respondido a preguntas de su abogado para defender la legalidad de todas las operaciones, “fueron muy costosas, con muchos viajes a China”.
También ha argumentado que los precios de venta de las mascarillas “fueron acordes a mercado”, según las mismas fuentes. Sostiene, además, que todo el proceso ha sido verificado por consultoras como KPMG.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado su puesta en libertad con la prohibición de abandonar España. Se trata de la única medida cautelar solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, a la que se han adherido los abogados de las acusaciones populares PP y Vox.
El abogado de Cueto, Alfonso Trallero, ha aceptado esta medida cautelar que le impide viajar fuera del país sin comunicárselo al juzgado y obtener su autorización expresa.
Juan Carlos Cueto es una pieza fundamental de la trama de supuestas comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que le atribuye una estrecha con el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama y con Koldo García, que funcionaba a modo de hombre para todo y de máxima confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Cueto y Aldama usaron instrumentalmente la empresa Soluciones en un proyecto común para canalizar los contratos bajo sospecha, aunque el dueño que figura formalmente es el empresario Íñigo Rotaeche.
Además, la Fiscalía aprecia "a día de hoy vínculos mayores" entre Koldo García y Juan Carlos Cueto, cuya relación trasciende a las adjudicaciones. Ambos mantienen el 15 de febrero de 2023 una conversación que transcurre en la marisquería La Chalana, en Madrid, acerca de la inspección fiscal que tiene abierta Víctor de Aldama por las plusvalías derivadas de la intermediación en la adjudicación de los contratos sospechosos. Además, ambos se emplazan al día siguiente en otro establecimiento, Viena Capellanes, situado en la calle Génova. El encuentro tiene lugar y dura ocho minutos.
El entramado del Grupo Cueto
Juan Carlos Cueto no fue detenido en la operación Delorme, desplegada la semana pasada por la Guardia Civil, al encontrarse fuera de España. Este empresario dejó de figurar en las empresas del Grupo Cueto a raíz de su imputación por el Caso Défex, otra causa que tiene pendiente en la Audiencia Nacional relacionada con la venta de armas a Angola.
En el llamado "caso Koldo", la Fiscalía ha acreditado vínculos sólidos entre la empresa Soluciones, adjudicataria de los contratos, y varias mercantiles del Grupo Cueto. Algunas de esas empresas adquirieron fincas de un negocio de pizarras en la localidad gallega de Barco de Valdeorras, adquiridas con parte de las ganancias de las mascarillas.
Durante las escuchas telefónicas desplegadas por la UCO, los investigadores recogieron una conversación en la que Cueto le dice a Rotaeche: "esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo) y su exjefe". En la misma charla, el empresario dice que "parece" que se hizo porque obtuvieron "otro favor a cambio".
Según la querella de Anticorrupción, en el primer periodo de la pandemia por el Covid, Soluciones de Gestión fue adjudicataria de contratos con ADIF y Puertos del Estado (Ministerio de Transportes) y de las administraciones autonómicas de Baleares y Canarias. De los 54 millones de euros desembolsados en las diversas operaciones, el benefIcio económico para Cueto fue de 9,6 millones de euros y para De Aldama de 5,5, según los cálculos de la Fiscalía.
