Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, se aprecia en la actuación de los acusados riesgo de daño grave al equilibrio de los sistemas del espacio natural de Doñana por extracción ilegal de aguas subterráneas, por lo que se les imputa delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los titulares de las once explotaciones agrícolas tres años y diez meses y una multa de veinte euros durante veinte meses y para los dos alcaldes -Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP)- dos años y diez meses de prisión y una multa de quince meses con una cuota diaria de doce euros.
El sobreseimiento de la causa contra Planas y otros dos altos cargos de la Consejería de Agricultura había sido anticipado desde 2016 en tres informes del fiscal del caso por entender que “no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación”.
La querella por las extracciones ilegales comprende los años 2010-2013 y Luis Planas fue consejero de Agricultura entre 2012 y 2013.
El Gobierno andaluz asumió esas competencias entre enero de 2009 y octubre de 2011 por la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que falló a favor del Gobierno central.
La finca Matalagrana, donde supuestamente se extrajo agua de forma ilegal, fue cedida al Ayuntamiento de Almonte en el año 1996 a través de un convenio con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria para una experiencia de introducción de técnicas de cultivo de fresas.
Comenzó con 72 hectáreas y en sucesivos convenios se amplió hasta las 222 hectáreas.
El consistorio firmó unos convenios con la Asociación de Agricultores de Matalagrana para cederles su explotación a cambio de un canon.