La Fiscalía exime de delito al presidente de Murcia pero pide imputar a la senadora Pilar Barreiro

En un comunicado, la Fiscalía informa de que ha presentado este lunes un informe en el que solicita al juez de la Audiencia Nacional que pida a la Sala Segunda del Supremo la imputación de Barreiro por delitos de falsedad, prevaricación y malversación, pero se muestra en contra de que eleve una exposición razonada en el mismo sentido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia respecto de Sánchez.

En ambos casos, se investiga la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta a los dos políticos por parte de empresas de la red Púnica a cambio de adjudicarles a esas sociedades contratos públicos, de manera que con esos fondos públicos se habrían pagado servicios de buena reputación en internet a Barreiro y Sánchez.

Anticorrupción, que cree que la línea entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal "es ciertamente tenue", entiende que la participación de Barreiro en los hechos "aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados".

"Distinta valoración merece la conducta del otro aforado, don Pedro Antonio Sánchez, por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas", sostiene Anticorrupción en contra del criterio del propio Velasco.

Este magistrado sí cree que Sánchez -que fue consejero de Educación- pudo haber cometido delito y por ello ha abierto una pieza dentro del caso Púnica contra él, Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, y otras veinte personas en la que se investiga la vertiente murciana de la trama.

El magistrado atribuye a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin mejorar su reputación para postularse a presidente de la región.

A Barreiro le atribuye, por su parte, los delitos de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación.

Pero también por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.

En el marco de esa pieza, Velasco ha pedido al Senado como de la Comunidad de Murcia que le certifique que efectivamente ostentan esos cargos electos y están por ello aforados.

Al conocerse hoy este auto, Barreiro ha defendido su inocencia y ha dicho a Efe que su actuación en los contratos de la trama Púnica que investiga el juez Velasco fue "intachable" y "siempre bajo la legalidad".

Junto a Sánchez y Barreiro, el juez incluye en el procedimiento a De Pedro, al exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Juan Carlos Ruiz López y al exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras.

También figuran Jose Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; David Conesa, el que fuera asesor del actual presidente de la región; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, además de otros directivos y funcionarios.