El 'caso Koldo' no solo está acaparando una gran cantidad de titulares y generando un torbellino en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, pues esta presunta trama de corrupción ha saltado desde Koldo García y los comisionistas Aldama y Cueto hasta salpicar a la Presidenta del Congreso Francina Armengol. La expresidenta de Baleares está siendo cuestionada por los contratos firmados por la administración balear para la adquisición de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 del año 2020.
La expresidenta de Baleares, que fue sucedida por la popular Margalida Prohens tras las autonómicas del pasado mes mayo, está siendo señalada por el Partido Popular a causa de una compra por el valor de 3,7 millones de euros realizada a la empresa Soluciones de Gestión, la presunta empresa pantalla creada por los empresarios Víctor de Aldama y Carlos Cueto para enriquecerse mediante la venta de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
Estos empresarios habrían aprovechado la influencia de Koldo García - exasesor del ministro José Luis Ábalos- para conseguir cuantiosos contratos con varias administraciones públicas: se trata de acuerdos que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, y que afectan a administraciones como el Gobierno de Canarias, el gobierno de Baleares, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transportes.
En el caso de Baleares, el Govern del archipiélago habría invertido3,4 millones de euros para adquirir 1,7 millones de mascarillas FPP2, que resultaron defectuosas y que se almacenaron en un almacén. En marzo de 2023, la Administración remitió una carta a Soluciones de Gestión para solicitar una devolución del dinero, si bien la declaración formal la inició el Gobierno de Prohens un mes después de tomar posesión del cargo,
Armengol se ha defendido afirmando que el auto judicial de la Fiscalía no la señala ni la imputa, y que esta compra de mascarillas se realizó en un contexto de escasez y caos mediante un método de adquisición de emergencia aplicado por las administraciones durante la pandemia. Sin embargo, aún existen ciertas incógnitas en torno a las acciones del gobierno de Baleares con respecto a la compra que la Presidenta del Congreso no ha terminado de aclarar.
¿Quién puso en contacto a Armengol con "Soluciones de Gestión?
De entre las numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de material sanitario, ¿cómo dio el Govern de las Islas Baleares con Soluciones de Gestión, una empresa desconocida supuestamente dedicada a la asesoría empresarial?
En una comparecencia ante la prensa que tuvo lugar el pasado martes, la Presidenta del Congreso ha explicado que durante la pandemia llegaban hasta el Gobierno numerosas ofertas de vendedores y compradores, y que fueron los responsables técnicos del servicio de Salud los que se encargaron de optar por la oferta de Soluciones de Gestión.
ElDiario.es menciona una supuesta reunión interterritorial de Salud en la que el Ministerio de Transportes habría proporcionado a las administraciones regionales el contacto de varias empresas a las que ya habría comprado material sanitarios: entre ellas figuraría Soluciones de Gestión, empresa radicada en Zaragoza.
"A mí y a mi Gobierno nadie nos dio una orden, ni nos pidió ni nos coaccionó para que compráramos a ninguna empresa", ha declarado Armengol ante la prensa. En todo momento, la Presidenta del Congreso ha defendido la limpieza y la legalidad del proceso de contratación: sin embargo el diario El Mundo cita un informe de la policía judicial de septiembre de 2022 en el que se afirma que la cuantiosa compra se aceptó incluso antes de la firma del contrato, tratándose de una supuesta adjudicación acordada más allá de los límites de la ley de contratación.
¿Por qué Baleares sí aceptó las mascarillas y otras administraciones no?
Durante los últimos días ha trascendido que los Gobiernos autonómicos de La Rioja, Asturias, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha rechazaron la oferta de mascarillas de Soluciones de Gestión: el SESCAM - el servicio de salud de Castilla-La Mancha- rechazó la oferta argumentando que eran mascarillas defectuosas, si bien la administración castellano-manchega no habría sido contactada directamente por los principales comisionistas, sino por el propietario del aeropuerto de Ciudad Real, Rafael Gómez Arribas.
En el caso de Aragón, las autoridades gubernamentales habrían rechazado las mascarillas por su elevado precio: cada mascarilla ofertada costaba en torno a 1,25 euros. En el caso de La Rioja y Asturias - señala El Diario.es -, las administraciones ya contaban con otros proveedores y compromisos. El diario regional Hoy indica que el gobierno extremeño rechazó la oferta de la empresa vinculada a Koldo García al desconfiar de los términos del contrato, como la compra por adelantado.
¿Por qué tardaron 3 años en solicitar la devolución de las mascarillas?
Esta es una de las principales incógnitas que se le plantean a la expresidenta balear: Armengol ha argumentado que en caso de reclamación, es tan válido presentar el recursos "el primer día como el último".
La administración balear realizó la adquisición de las mascarillas a la empresa investigada el 26 de abril de 2020, y el avión cargado con el material aterrizó en Barajas apenas dos días más tarde, el 28 de abril; el pago de 3,7 millones de euros llegó con la formalización del contrato varios días después, el 5 de mayo de 2020. Al mes siguiente un Informe Técnico del Centro Nacional de Centros Protección indicó la baja calidad de estas mascarillas, que no cumplían las condiciones adecuadas.
La propia Armengol y su número dos en el Govern, Iago Negueruela, han explicado que la carga del avión también fue analizada por el Instituto Nacional de Higiene en el trabajo tras aterrizar, que determinó que no se trataba de mascarillas FPP2, sino de cubrebocas de uso quirúrgico.
¿Por qué se almacenaron las mascarillas?
Al ser descartadas por su baja calidad, las mascarillas habrían sido guardadas en un almacén, en el que han permanecido todo este tiempo. Armengol y Negueruelo explican que la mercancía no fue destruida para poder reclamar el dinero empleando las mascarillas como prueba. La saturación del servicio balear de Salud - a causa de la gestión de la pandemia y de las campañas de vacunación- habría sido la causa de que el proceso se haya demorado tanto, han indicado los responsables del Govern balear.
Tal y como indica el diario Público, el Gobierno balear contactó dos veces con la empresa encargada de la venta en marzo y en julio de 2023, solicitándole la devolución de 2'6 millones de euros por no cumplir las mascarillas con las condiciones del contrato. La cantidad reclamada se corresponde con la diferencia de precio entre una mascarilla FPP2 (las solicitadas) y las quirúrgicas (las recibidas). El Mundo, por otro lado, sostiene que únicamente se realizó una comunicación con la empresa.
¿Eran de uso domiciliario o de uso médico?
En el escrito de marzo de 2023, la institución de Salud balear reclamaba a Soluciones de Gestión la devolución del dinero al no cumplir las condiciones de las mascarillas de categoría FPP2; la empresa respondió afirmando que, tras la recepción de las mascarillas - de categoría KN95-, la administración firmó un documento de conformidad, que el ejecutivo balear afirmó que se trataba de un simple "acuso de recibo" que confirmaba la recepción de las mascarillas.
¿Para qué se compraron las mascarillas? Existen informaciones contradictorias al respecto: el pasado lunes, Iago Negueruela - portavoz socialista en las islas- afirmó que las mascarillas no eran para "uso sanitario", y que estaban destinado al uso civil: otro motivo por el que se habían almacenado como stock.
Sin embargo, el Diario de Mallorca cita a Manuel Palomino, director general del Servicio de Salud balear durante la pandemia, que habría emitido un comunicado a los centros de Salud para retirar las mascarillas recibidas tras los resultados desfavorables de los análisis, en 2020.
¿Por qué se avaló a la empresa sabiendo que eran mascarillas defectuosas?
Un mes después de la publicación del análisis que confirmaba la mala calidad de las mascarillas, el mismo funcionario que solicitó el control de calidad - indica El País- habría firmado un certificado de calidad solicitado por Soluciones de Gestión.
La firma de este certificado de calidad podría dificultar, indican algunos responsables del servicio balear de salud a Eldiario.es, la reclamación vigente para recuperar, al menos, 2,6 de los 3,4 millones de euros que se pagaron por estas mascarillas. Armengol ha defendido la firma de este certificado por no tratarse de mascarillas falsas, sino de un producto de menor calidad por el que se reclamó el sobrecoste.
