Detenidas 56 personas por un fraude a la Seguridad Social superior a dos millones de euros

Entre los implicados se encuentran varios empresarios, dos autorizados por el Sistema RED de la Seguridad Social -gestores administrativos- y los presuntos trabajadores que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios de la Administración Pública.

Varios ciudadanos extranjeros regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude, según ha informado la Policía en un comunicado.

En colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los agentes también han investigado a otras 52 personas.

De los 1.211 trabajadores investigados en la operación contra el fraude a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 81 habían percibido casi medio millón de euros en prestaciones (484.698 euros).

Las investigaciones comenzaron a principios de año al ser detectado un importante número de empresas sospechosas de defraudar a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, según los informes facilitados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y Alicante.

Tras estudiar la documentación proporcionada se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y al INSS la correspondiente documentación, donde se constató la existencia de varias personas dedicadas a la simulación de relaciones laborales entre las mercantiles investigadas y los presuntos trabajadores que se habrían beneficiado de esa situación jurídica.

Las empresas inspeccionadas habrían generado una deuda a la Seguridad Social de 1.658.541,77 euros por el impago de los seguros sociales generados como consecuencia del alta de los presuntos trabajadores.

De los investigados no detenidos hay dos empresarios que se encuentran internos en la prisión de Valencia y otro que reside en Francia.

Estas empresas denominadas "ficticias" son entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, y son utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que, a cambio de diferentes cantidades de dinero, daban de alta en la Seguridad Social.

Por su parte los responsables de las mercantiles investigadas declaraban realizar una actividad laboral, algo que en realidad no sucedía.

Entre las empresas investigadas hay varias formadas por personal de nacionalidad ucraniana, búlgara y rusa que las creaban para darse de alta en la Seguridad Social, unos como trabajadores y otros como empresarios.

En otras, los trabajadores pasaban a ser administradores y viceversa y pagaban regularmente las cuotas generadas por los seguros sociales de los presuntos trabajadores con el fin de no ser descubiertos, a la vez que dificultaban las labores de investigación de los organismos dedicados a detectar el fraude.

A pesar de pagar las cuotas por los seguros sociales, las cantidades percibidas por las prestaciones recibidas eran muy superiores al gasto originado, pues solicitaban prestaciones por desempleo, subsidios, maternidad, paternidad, incapacidad temporal, o pensiones de jubilación -estas últimas aumentaban de 21,78 euros a 391,35 euros tras las gestiones fraudulentas al aportar el informe de vida laboral de su país y justificar un año de alta en España-.

En estos casos, regresaban a su país de origen, por lo que no han podido localizarse en España.