El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración en la que rechaza y condena el consejo de guerra que en 1940 condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluis Companys.
En dicha declaración, el Ejecutivo proclama además su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat, como ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Celaá ha anunciado por otro lado la creación de una Comisión de Trabajo para la rehabilitación de siete científicos de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales sancionados durante la guerra civil.
Como recuerdan fuentes del Gobierno, la Ley de Memoria Histórica ya declaró la ilegitimidad de las condenas de los tribunales durante la guerra civil y el Congreso aprobó el pasado mes de septiembre una iniciativa por la que declaraba nula la sentencia por la que Companys fue ejecutado.
A este respecto, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha señalado en la rueda de prensa que con esta declaración el Consejo de Ministros toma conocimiento de la aprobada por el Parlamento.
Y en cuanto a la nulidad del juicio que condenó a Companys, Batet ha explicado que requiere previsión normativa y legal y ha recordado que en estos momentos está contemplada la propuesta en una proposición de ley que ya se tramita en el Congreso, por lo que puede ser aprobada eventualmente.
Lluís Companys ocupó el cargo de presidente de la Generalitat en enero de 1934, tras la muerte del presidente Francesc Macià.
En 1939, se exilió a Francia, aunque los nazis lo detuvieron en Baule-les-Pins (Bretaña) y lo extraditaron a la España franquista.
Después de ser torturado en Madrid, fue enviado a Barcelona donde le sometieron a un consejo de guerra sumarísimo que le condenó a muerte por "adhesión a rebelión militar". Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940, en el foso de Santa Eulàlia del Castillo de Montjuïc.
Sobre la comisión para rehabilitar a los miembros de la Real Academia de Ciencias Exactas, se trata de siete ilustres académicos que fueron cesados y les fueron retiradas sus medallas por razones políticas, ideológicas o de creencia contrarias al régimen, menoscabando su derecho al honor y a la propia imagen personal, según explica el Ministerio de Ciencia en un comunicado.
El Consejo, basándose en la Ley de la Memoria Histórica y a propuesta del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y de la ministra de Justicia, ha declarado el carácter "radicalmente injusto de las disposiciones por las que se acordó el cese". De estos científicos.
Unos fueron cesados por Orden Ministerial en 1941, otros represaliados junto a numerosos catedráticos de Universidad nada más terminar la guerra civil y otros se exiliaron.
La Comisión de trabajo interministerial estará presidida por la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I, Ángeles Heras, y formada por los subsecretarios de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y Justicia y por el secretario general de Coordinación de Política Científica.
También la componen el secretario general de Universidades, el director general para la Memoria Histórica y el presidente del Instituto de España.
Los objetivos de la comisión serán investigar las sanciones administrativas que se les impusieron, determinar su carácter injusto y reconocer el derecho al honor y a la imagen de los científicos represaliados.
La Comisión hará pública difusión de sus informes y conclusiones, en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, concluye el comunicado.
