Cruce de comunicaciones entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. Este jueves, Marlaska se ha quejado al CGPJ de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón prohibiera a la Policía que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores.
Tal y como ha confirmado la periodista Eva Llamazares en Onda Cero, Perelló ha respondido a Marlaska que la magistrada actuaba en el "ejercicio de sus funciones constitucionales por las que todos debemos mostrar el máximo respeto".
Recuerda, además, que los órganos del gobierno del Poder Judicial "tienen constitucional y legalmente vetado aprobar, censurar o corregir actuaciones". Asimismo, le ha insistido en que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, que es "general" para todos los ciudadanos y "especial" para la policía judicial.
Además, las leyes establecen que la función de policía judicial "corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia".
Qué dice la carta de Marlaska
Por su parte, el ministro Grande-Marlaska, según informa la agencia EFE, sostiene que en situaciones de extrema gravedad, como la crisis migratoria que afecta a Ceuta, debe ser compatible que, "sin que se resienta la independencia judicial", la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilite al Gobierno "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".
Para el titular de Interior, la información que maneja la Policía Nacional es "de gran interés" para que el Gobierno ejerza "con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".
Y aunque dice respetar "escrupulosamente" la independencia judicial, sostiene que, ante una situación de interés para la seguridad nacional, "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos" en la gestión de una crisis de tal magnitud.
