Según explica el departamento del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Bustinduy, se emplaza a las empresas a reportar al Ministerio las evaluaciones y estudios que hayan realizado para frenar los riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza.
También, se insta a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza y en los Territorios Palestinos Ocupados.
Para evitar participar en el "genocidio palestino"
Bustinduy solicita a las empresas que informen sobre los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que los consumidores conozcan las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino.
La carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda a las empresas que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir el genocidio en la Franja de Gaza.
Además, expone distintas resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones, como la que insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí se abstengan de cometer violaciones graves de los derechos humanos, y que determinan la responsabilidad de las empresas de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos.
El embajador de Palestina en España mostró su preocupación
Bustinduy explica que la petición de información de este ministerio a las empresas responde a la preocupación que el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, mostró recientemente durante su reunión con el ministro sobre la vinculación de empresas europeas a actividades que pueden tener un impacto directo o indirecto en los Territorios Palestinos Ocupados.
"Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU", concluye el ministerio.
