La causa que desde hace más de dos años mantiene el foco judicial sobre Begoña Gómez entra este martes en una de sus fases decisivas. El procedimiento ya no gira en torno a qué delitos investigaba inicialmente el juez Juan Carlos Peinado, sino a si los hechos que permanecen en la causa son suficientes para sentar a la esposa del presidente del Gobierno ante un tribunal del jurado.
La respuesta puede estar más cerca. Peinado ha convocado para las 18:00 horas la audiencia preliminar que precede a su decisión sobre la apertura del juicio oral. Es un trámite en el que las partes pueden plantear las cuestiones que consideren oportunas antes de que el magistrado adopte una de las resoluciones clave del procedimiento.
Un trámite decisivo antes del juicio
La comparecencia tendrá lugar en los juzgados de Plaza de Castilla y afecta tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Aunque ambas han sido citadas personalmente, su presencia física no resulta imprescindible para la celebración de esta audiencia.
El paso procesal llega después de que las dos hayan presentado sus escritos de defensa solicitando la absolución y sosteniendo que no han cometido los delitos que se les atribuyen. La Fiscalía también mantiene una posición favorable a que sean absueltas.
La audiencia permitirá a las partes formular sus últimas peticiones antes de que Peinado determine si procede continuar hacia el juicio oral y bajo qué fórmula. Si finalmente se confirma la apertura, el procedimiento seguirá ante un tribunal del jurado.
De cuatro delitos investigados a dos
El escenario actual es distinto del que existía meses atrás. La Audiencia Provincial de Madrid revisó en julio la decisión del juez instructor y redujo el número de delitos por los que Gómez podría ser juzgada.
La Sala mantuvo el procedimiento por presunto tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, pero dejó fuera la corrupción en los negocios y la apropiación indebida al considerar que no había base suficiente para mantener esas imputaciones.
En el caso de Cristina Álvarez, el procedimiento continúa por un presunto delito de malversación relacionado con el software desarrollado en la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El empresario Juan Carlos Barrabés, que también estuvo inicialmente incluido en el procedimiento, quedó fuera del juicio con jurado y su situación se tramita por otra vía respecto a los contratos públicos investigados.
Esta decisión de la Audiencia fue determinante para acotar el futuro juicio: ya no se trata de las cuatro acusaciones inicialmente planteadas por Peinado, sino de dos delitos para Gómez y uno para su asesora.
La acusación popular pide penas de prisión
Mientras las defensas y la Fiscalía reclaman el archivo de la causa para ambas acusadas, la acusación popular encabezada por Hazte Oír mantiene una posición radicalmente diferente.
Esta parte solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez y otros seis años para Cristina Álvarez. La petición supone una rebaja respecto a la pena que inicialmente reclamaba esta acusación para la esposa del presidente, después de que la Audiencia Provincial descartara dos de los delitos inicialmente incluidos en el procedimiento.
La Fiscalía, en cambio, considera que no debe existir condena. Esta divergencia entre las acusaciones y el Ministerio Público será uno de los elementos relevantes cuando se llegue, si finalmente se abre el juicio oral, a la fase de enjuiciamiento.
El juicio con jurado, cada vez más cerca
La intervención de un jurado popular no es una decisión discrecional del juez en función de quién sea la acusada. El procedimiento está vinculado a los delitos que finalmente permanecen en la causa y a las reglas que determinan qué infracciones deben ser enjuiciadas mediante este sistema.
Esta emisora explicó que el tribunal del jurado estará compuesto por nueve ciudadanos seleccionados entre una lista de candidatos previamente sorteados. La identidad de quienes resulten finalmente elegidos no se hará pública para proteger la independencia del proceso.
En este caso, además, la Audiencia de Madrid ya avaló que el procedimiento contra Gómez y Álvarez continúe por la vía del jurado. Por tanto, la audiencia de este martes no parte de cero: el debate se centra ahora en si procede formalizar la apertura del juicio oral.
La recta final de la instrucción de Peinado
El calendario añade presión al procedimiento. Peinado tiene previsto jubilarse a finales de septiembre, cuando alcanzará la edad legal para dejar de ejercer como magistrado. El juez había cerrado previamente la fase de investigación y trasladado a las partes la posibilidad de formular sus conclusiones antes de avanzar hacia el juicio.
La audiencia de este martes representa, por tanto, uno de los últimos pasos bajo la dirección del actual instructor antes de que el procedimiento entre, en su caso, en la siguiente fase.
La decisión que adopte Peinado puede determinar el siguiente escenario judicial para Gómez y Álvarez: si abre el juicio oral, la causa avanzará hacia un enjuiciamiento con jurado; si no lo hace, el procedimiento quedaría frenado en este punto.
Por ahora, las posiciones están claramente enfrentadas: las defensas y la Fiscalía sostienen que no existe responsabilidad penal, mientras la acusación popular mantiene su petición de cárcel. La resolución del juez será la que marque cuál de estos dos caminos toma definitivamente la causa.
