El borrador de la nueva Ley de Función Pública acordado entre Gobierno y sindicatos incluye un cambio que abre la puerta a que la Administración del Estado pueda recortar los complementos salariales de los funcionarios que, según las nuevas evaluaciones anuales de su desempeño, tengan una productividad insuficiente.
El texto acordado de forma definitiva por el Ministerio de Hacienda, CCOO y UGT recoge una modificación del artículo 84.1 que, según las fuentes consultadas y presentes en la negociación, asocia las consecuencias negativas que puedan derivar de las nuevas evaluaciones del desempeño a "la percepción de retribuciones complementarias".
Los borradores anteriores a los que ha tenido acceso Servimedia lo limitaban al cobro del complemento de desempeño, una prima que sustituirá al de productividad y estará relacionada de forma directa con los resultados de estas nuevas evaluaciones del rendimiento de los empleados públicos. De esta manera, por mejora de la productividad, se contemplaba un complemento extra en esos borradores que no se percibía si no se daba ese resultado, premiando así al empleado público.
El nuevo cambio consiste en que, con evaluaciones del desempeño deficientes, no solo no se percibiría ese complemento, sino que podría afectar a la percepción del resto.
Desde los sindicatos deploraron este cambio normativo porque afirman que, en algunos casos, supone más de la mitad del salario de los funcionarios. En este sentido, cabe recordar que los sueldos de los empleados en la Administración del Estado van desde la base de 637,14 euros que se cobran en puestos de ordenanza y limpieza, entre otros, hasta los 1.288,31 que perciben los trabajadores en puestos que requieren conocimientos avanzados.
¿Cuál será la penalización mínima y máxima?
No obstante, el alcance de las penalizaciones salariales que las evaluaciones de desempeño puedan tener se desconoce todavía, ya que el artículo recoge que afectará a las retribuciones complementarias "en los términos previstos en esta ley o en el convenio colectivo de aplicación".
En cualquier caso, tal y como se recoge ahora en el texto, tendría efecto directo sobre todos los complementos, desde los que crea esta ley –de carrera y de desempeño– hasta los ya existentes –lo que incluiría el complemento de destino y el específico que ya existen–.
Este punto se abordará en la negociación del reglamento, donde también se deben especificar las causas, los plazos y las garantías de la degradación de funcionarios por concurso que tengan un rendimiento "insuficiente".
Sin efectos hasta 2026
Tanto la remoción de los funcionarios por concurso como las penalizaciones salariales no entrarán en vigor, al menos, hasta 2026, ya que el texto dice que las evaluaciones de desempeño "no tendrán consecuencias en las dos primeras anualidades tras su implementación".
Teniendo en cuenta que al anteproyecto le queda todavía por delante una larga tramitación parlamentaria y que el sistema de evaluación del desempeño tendrá que consensuarse en una comisión posterior a su aprobación definitiva, todo apunta a que 2024 será, como pronto, el primer año en el que se realicen estas evaluaciones, por lo que empezaría a tener efectos en 2026.
En estos momentos, el texto está en el seno del Consejo de Ministros, donde permanece a la espera de ser aprobado. La pretensión de la cartera dirigida por María Jesús Montero era aprobar la ley el pasado martes, pero algunas subsecretarías de Estado se posicionaron en contra de algunos aspectos del texto, por lo que el Gobierno optó por posponer su remisión a las Cortes, según supo Servimedia en fuentes de la negociación. Se desconoce la fecha en la que lo hará finalmente, así como si mantendrá los previstos en el texto consensuado con las organizaciones sindicales.
