Se trata de la mayor sanción prevista en la Ley 37/2015 de Carreteras, la aplicable en el momento de producirse los hechos, y que el Consejo de Ministros modificó el pasado 8 de noviembre para elevar el umbral sancionable hasta los 300.000 euros con un real decreto ley sobre medidas urgentes en materia de carrreteras.
La multa de 15.000 euros obedece a la comisión de una "infracción grave" por negligencia de las concesionarias en la prestación de servicios a los usuarios "por la insuficiencia en los medios necesarios para asegurar la circulación de los vehículos", explica Fomento.
El Ministerio culpa además a las concesionarias de una inadecuada gestión de las restricciones del tráfico y de la transmisión de la información a los usuarios, durante los días 5 a 8 de enero de 2018, causando el citado colpaso en el tráfico.