El sector de la automoción tiene por delante un reto que, a día de hoy, se hace muy complicado como es el despliegue de la electromovilidad para poder cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en cuanto a reducción de emisiones de CO2. Y es que en los próximos seis años, es decir en 2030, deberíamos reducir entre un 37,7% y un 55% las emisiones de CO2, para así poder llegar al 100% en 2035. Sin embargo, el ritmo actual que se mantiene en el conjunto del país evidencia que las medidas que se están adoptando para poder alcanzar estas cifras son claramente insuficientes.
Estos objetivos, necesitan por lo tanto, de herramientas más potentes y eficientes que permitan acelerar todo este proceso de despliegue de los puntos de recarga, para que el vehículo eléctrico pueda ser el sustituto del vehículo de combustión interna. A día de hoy, en España existen un total de 38.725 puntos de recarga de acceso público, una cifra que supone un incremento del 32% respecto a 2023, pero que sigue siendo insuficiente si de lo que se trata es de cumplir con los objetivos marcados por Bruselas, sobre todo teniendo en cuenta que el horizonte que se había marcado para el 2024 es llegar al doble de infraestructuras de alimentación eléctrica, es decir, 64.000.
Es en este contexto, en el que ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones ha presentado este miércoles un decálogo de propuestas para facilitar el despliegue de un mayor número de infraestructuras de recarga de acceso público y privado en los entornos urbanos. Propuestas como por ejemplo la recomendación que se hace a los Ayuntamientos de contar con un órgano que se encargue de coordinar las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las diferentes áreas que se puedan ver afectadas, como por ejemplo, el área de Vivienda, Urbanismo, Movilidad, Transportes o Medio Ambiente. Aconsejan elaborar estrategias a largo plazo para poder garantizar un adecuado despliegue de la electromovilidad.
Más formación para el personal municipal y más información para el ciudadano
Un segundo aspecto en el que incide el informe que hoy han presentado los fabricantes de vehículos es en la formación del personal municipal, para favorecer y agilizar la tramitación de las correspondientes autorizaciones, licencias y permisos para poder instalar los puntos de recarga. Una formación, recomiendan desde ANFAC que tenga en cuenta el reto que supone la descarbonización en el sector del transporte, pero que sirva también para esclarecer los falsos mitos que existen sobre la movilidad eléctrica.
Otra de las cuestiones planteadas pasa por elaborar un marco regulatorio que permita a los ciudadanos conocer la disponibilidad y capacidad de los puntos de recarga, tanto en las redes de transporte, como en la distribución de la electricidad de cada municipio. Piden además, a los Ayuntamientos tener en cuenta, desde el punto económico y técnico, unas adecuadas licitaciones del suelo público previstas para la instalación y gestión de los puntos de recarga por parte de empresas privadas, garantizando en estos procesos la máxima eficiencia y viabilidad.
La transformación de las estaciones de servicio
En cuanto a los cambios que muchas estaciones de servicio tienen que ir introduciendo, ANFAC, recomienda a los consistorios que en la renovación de las concesiones se introduzcan nuevos requerimientos que incluyan el despliegue de estas infraestructuras de recarga eléctrica, convirtiendo así las estaciones de servicio, en “estaciones multienergía”, un modelo que permite la convivencia con el resto de los combustibles convencionales.
El informe tiene en cuenta también los aparcamientos públicos (tanto los de residentes, como los mixtos) al considerar que pueden convertirse en grandes hubs de recarga, haciendo así un uso racional de la vía pública. Por ello, solicitan que se eliminen las barreras existentes para desplegar estos puntos de recarga en estos espacios, que afectan sobre todo a un problema normativo y económico. Es precisamente, en esa línea que se recomienda a las entidades locales que modifiquen sus ordenanzas fiscales para poder acogerse a la flexibilidad que ofrece el Real Decreto-Ley 29/2021, por el que se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan desarrollar medidas en el ámbito fiscal para contribuir al despliegue de estos puntos de suministro para vehículos electrificados.
El texto presentado este miércoles, junto al delegado de movilidad de Madrid, Borja Carabante, reclama aumentar los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas en los ayuntamientos para adelantarse así, 5 años, a los del sector privado. Esto comportaría, incrementar los objetivos de vehículos limpios de contratación pública en los próximos cinco años hasta el 100% para turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses, y hasta el 50% para los camiones. Una demanda que se extendería además, a los puntos de recarga de cualquier administración Pública, llegando hasta el 50% en las plazas a partir del 31 de diciembre de este año y el 100% en 2030.
Los fabricantes abogan por el desarrollo de campañas institucionales de concienciación ciudadana, pero también empresarial, que sirvan para generar un efecto tractor sobre la población. Añaden también la necesidad de trabajar con algunos de los sectores estratégicos que mantienen una vinculación directa con los diferentes municipios, como es el caso de hoteles o centros comerciales, para favorecer, incentivar y potenciar el despliegue de estas infraestructuras. La actual normativa, ya establece que los edificios no residenciales privados y los parkings tienen que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento.
Cómo calcular las necesidades de electrificación de cada ciudad
Además de todas estas recomendaciones, ANFAC plantea una metodología para poder calcular la potencia necesaria a la hora de instalar las diferentes infraestructuras de recarga en los municipios. Se trata, a través de un exhaustivo análisis, de presentar las necesidades de potencia de instalación de cara a 2035 para poder desplegar los puntos de recarga necesarios en las diez ciudades más pobladas de España. Así, se determina, que en una ciudad como Madrid se deberían fijar unos objetivos de potencia instalada de 259,47 MW en este año en curso, 823,85MW en 2030 para así poder llegar a los 1.522,58MW en 2035. Unas cifras que quedan muy lejos de la realidad, porque a día de hoy, la capital española cuenta únicamente con una potencia de 76,53MW.
