La vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, propondrá este sábado al resto de ministros de Finanzas de la UE avanzar a la "negociación política" de las nuevas reglas fiscales comunitarias con el objetivo de cerrarlas antes de que acabe el año, después de que se haya logrado un consenso a nivel técnico sobre el 70 % del texto.
A su llegada a la reunión informal de los titulares de Economía de los Veintisiete en Santiago de Compostela, de la que es anfitriona, Calviño destacó que los países han trabajado "muy intensamente" durante todo el verano "con una o incluso dos reuniones semanales" con el objetivo de "ir cubriendo todos los aspectos técnicos" de la reforma.
"Hemos cubierto con ese intenso trabajo técnico el 70 % del texto, se han ido cerrando esos artículos y ahora llega el momento de trabajar a nivel político para lograr los consensos necesarios", afirmó en declaraciones a los medios.
La vicepresidenta española explicó que los "elementos principales" de ese eventual "consenso" dependerán de la capacidad de los ministros para encontrar un "equilibrio adecuado" entre un marco que incluya "puntos de referencia" que garanticen la reducción de las ratios de deuda pública sobre el PIB y a la vez "acomode la necesaria inversión y los incentivos para abordar reformas estructurales".
"Este es el núcleo de los elementos que vamos a abordar en las próximas semanas con el objetivo de tener cuanto antes un consenso y un acuerdo final", apuntó, con el objetivo de que las nuevas reglas se puedan aplicar desde enero de 2024.
Por eso, pedirá al resto de ministros que se comprometan de "manera constructiva" a avanzar en las próximas semanas para tener un "calendario claro" que derive en una discusión a nivel político en su reunión a mediados de octubre en Luxemburgo y a cerrar las "cuestiones técnicas pendientes" en noviembre.
"Esto implica que hagamos progresos en el Ecofin de octubre e intentemos cerrar todas las cuestiones técnicas pendientes en noviembre", apuntó Calviño sobre una reforma que mantiene divididos a Francia y Alemania, con posiciones contrarias sobre la velocidad a la que los Estados miembros deben reducir sus niveles de deuda y déficit y el margen que se debe dejar para realizar inversiones.
