Una de las principales novedades será que se eleva hasta los 600.000€ las sanciones más graves, algo pactado con el PP. También que las organizaciones de los campamentos deberán comunicar su actividad. La ley se aprobará la primera quincena de junio, y se espera que en ese mismo margen, llegue el decreto que pondrá la letra pequeña a cuestiones como los plazos.
Todas estas reformas surgieron tras el escándalo de Bernedo, que, por cierto, tiene organizados udalekus a partir del 1 de julio. Duchas mixtas o monitores desnudos, además de otros comportamientos cuando menos cuestionables fueron algunas de las denuncias públicas de familias cuyos hijos menores habían participado el pasado verano. Tras la polémica pública, comenzaron a llegar las denuncias ante la Ertzaintza. Aquel episodió evidenció la falta de control de actividades con menores. Campamentos como el investigado no habían comunicado su celebración, aunque lo llevaban haciendo durante décadas.
Fue entonces cuando las instituciones vascas comenzaron a trabajar en las reformas necesarias para endurecer los requisitos para actividades de ocio y tiempo libre. 'No se puede titubear con la seguridad de niños y adolescentes', sentencia el parlamentario nacionalista, Ander Añibarro, que ha participado en la ponencia para reformar la Ley de Juventud. 'Pone herramientas para poder controlar mejor y con mayor eficacia', concluye.
