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Informe Typsa a petición de la Dirección General Medio Ambiente

Hallan elevadas concentraciones de metales tóxicos y cancerígenos en un colegio de educación especial

El investigador José Matías Peñas, que lo lleva denunciando desde diciembre de 2017, dice que es un disparate. Al colegio de educación especial Enrique Viviente de La Unión acuden 80 personas entre niños y profesores.

Rosa Roda
  Murcia | 13/05/2020

Un estudio técnico realizado por la consultora Typsa a petición de la dirección general de Medio Ambiente concluye que hay valores de plomo, zinc y arsénico muy por encima del tope legal. Y no un poco. El arsénico es 75 veces mayor, el cadmio es 80 veces superior, la concentración de plomo es 474 veces mayor al tope legal y el zinc es 552 veces superior. Se trata de metales pesados muy tóxicos y cancerígenos.

Patio colegio Enrique Viviente

Patio colegio Enrique Viviente / Typsa

El Ayuntamiento de La Unión, según la Comunidad Autónoma, dispone de un mes para elaborar un estudio de riesgos del suelo sobre el que se asienta el colegio de educación especial Enrique Viviente al detectarse concentraciones muy elevadas de metales pesados.

El informe técnico de Typsa está fechado en abril de 2020, pero esta situación la viene denunciando el investigador José Matías Peñas desde diciembre de 2017. Para Matías Peñas esas concentraciones son un disparate y propone clausurar el centro educativo de inmediato. “Se trata de niños con discapacidades que juegan con la tierra, se la meten en la boca” dice.

Matías Peñas ha recordado en Onda Cero que el Juzgado número 2 de Cartagena abrió un procedimiento de investigación tras una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil que la juez archivó tras un informe aportado por la empresa Revalorizaciones Estériles Mineros SL en relación al depósito al depósito minero El Descargador de su propiedad que Matías Peñas había señalado en su denuncia como el origen de la contaminación por metales pesados del colegio Enrique Viviente y del IES Sierra Minera.

La citada empresa (propiedad de Mariano Roca y Alfonso García) encargó un informe al profesor de la UPCT, Ángel Faz, que concluyó que de forma general no era posible asegurar que dicho depósito fuese la fuente exclusiva de metales en el Instituto Sierra Minera de La Unión”. Faz recomendó “una evaluación muchos más precisa y detallada” y la juez acabó archivando relata Matías Peñas. “El nuevo informe de Typsa demuestra que tenía razón y que la juez nunca debió archivar” dice Matías Peñas que en su día presentó un recurso pendiente de resolución.

El Gobierno regional insta ahora al ayuntamiento de La Unión a que "de inmediato proceda a tomar las medidas necesarias para impedir el acceso a las zonas no pavimentadas del centro educativo”.

El alcalde de La Unión, Pedro López, del PSOE, siempre ha quitado hierro al asunto. Ha minimizado el problema de contaminación por metales pesados junto al colegio de educación especial Enrique Viviente. Decía que “era un problema general de la sierra minera” y que "no se podía alarmar a la población".

Padres y madres de alumnos llevan desde 2017 reclamando medidas a la Comunidad Autónoma y al ayuntamiento de La Unión dado el potencial contaminante del depósito minero El Descargador y la antigua fundición de plomo El Porvenir, ambos propiedad de la empresa Portmán Golf.

En el caso de la fundición de plomo El Porvenir, en abril de 2019, el Consejo de Seguridad Nuclear envió a la Dirección General de Medio Ambiente (entonces en manos de Javier Celdrán) un requerimiento donde le solicitó una serie de informaciones relativas a la antigua instalación de plomo El Porvenir.

Tras una denuncia del edafólogo, José Matías Peñas, el CSN advirtió a la Comunidad Autónoma de que “tanto la propia actividad de fundición desarrollada en el pasado, como el acopio de residuos en la parcela, podrían ser causa en el entorno de un impacto radiológico significativo desde el punto de vista de la protección radiológica”. El CSN recordó que, como “autoridad competente”, la Consejería de Medio Ambiente “debía establecer las medidas de control oportunas en función de los riesgos que entrañe la exposición”.

Fuentes de la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente informaron a Onda Cero de que la empresa Portman Golf no respondía a los requerimientos de la CARM de sellado y confinamiento de los residuos radioactivos como propietarios de los terrenos que son.

Según la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, la empresa Portman Golf también debía encargarse de realizar las mediciones del nivel de exposición radiológica. La administración regional no ha informado de avances al respecto.