La concejala de Educación de Santiago, Míriam Louzao, ha rechazado las acusaciones lanzadas por la Xunta sobre la cesión de terrenos para la ampliación del CEIP Quiroga Palacios y ha asegurado que el supuesto "malentendido" entre ambas administraciones ya había sido resuelto por los equipos técnicos. Además, ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a aclarar cualquier cuestión pendiente y ha solicitado una reunión con el director territorial de Educación para que la obra pueda licitarse "cuanto antes".
Las declaraciones de Louzao llegan después de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acusase el martes al gobierno local de actuar con "chantaje" y de incurrir en un "incumplimiento legal". Según explicó, la Xunta había solicitado hace más de un año una parcela anexa de unos 1.600 metros cuadrados para ejecutar la ampliación y, en su lugar, recibió una cesión condicionada a la urbanización de una superficie mucho mayor.
La responsable municipal ha desmentido esa versión y ha precisado que la parcela a la que se refiere la Xunta no alcanza los 14.000 metros cuadrados mencionados por el conselleiro, sino que tiene una superficie de 10.083 metros cuadrados. Asimismo, ha insistido en que nunca se exigió a la Administración autonómica urbanizar la totalidad del terreno.
Louzao ha explicado que la Consellería solicitó formalmente la parcela a finales de febrero y remitió el anteproyecto el 29 de mayo. Según la concejala, el Ayuntamiento agilizó al máximo la tramitación y aprobó la puesta a disposición de los terrenos en la Junta de Gobierno Local del 13 de julio.
"Hubo una implicación absoluta por parte del Ayuntamiento para poner esa parte de la parcela a disposición de la Xunta cuanto antes porque entendemos que esta ampliación es muy necesaria", ha afirmado.
El Anpa reclama una ampliación más amplia
El debate sobre el proyecto también ha reabierto las reivindicaciones del Anpa Athenea, que considera insuficiente la actuación prevista por la Xunta. La asociación de familias sostiene que el centro incumple los requisitos mínimos de espacio, una situación que ya denunció ante la Valedora do Pobo.
El colectivo lamenta que el proyecto autonómico se limite a construir un nuevo aulario de Infantil sin incorporar otras infraestructuras necesarias, como un comedor de mayores dimensiones que permita liberar el espacio que actualmente ocupa este servicio.
El Ayuntamiento comparte ese planteamiento y asegura que, inicialmente, ofreció la totalidad de la parcela de más de 10.000 metros cuadrados para facilitar una ampliación de mayor alcance. Sin embargo, al conocer que la Xunta solo precisaba una superficie inferior a 2.000 metros cuadrados, adaptó la tramitación para acelerar la cesión de ese espacio.
Según el gobierno local, el resto de la parcela continuará destinado a aparcamiento y la Consellería prevé habilitar un acceso independiente al nuevo edificio a través de esa zona. Los técnicos municipales consideran que tanto ese acceso como la reorganización del entorno afectado por las obras deben ser ejecutados por la Administración autonómica.
Por su parte, el Anpa critica que la Xunta no contemple acondicionar el espacio afectado por la actuación y considera que esa obligación viene marcada tanto por la normativa como por criterios de funcionalidad.
La Xunta mantiene sus críticas
Román Rodríguez defendió el martes que los ayuntamientos tienen la obligación de poner a disposición de la Xunta los terrenos necesarios para construir o ampliar centros educativos. En este contexto, advirtió de que cualquier problema de espacio que pueda sufrir el colegio el próximo curso sería, a su juicio, responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Santiago.
El conselleiro insistió en que la Administración autonómica solicitó hace más de un año los terrenos imprescindibles para ejecutar la ampliación y aseguró que la propuesta municipal constituye una cesión "envenenada" que dificulta el desarrollo del proyecto.
