Los Ejecutivos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, todos ellos formados en coalición por el PP y Vox, han anunciado que se opondrán al reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva en la ciudad de cientos de personas procedentes de Marruecos.
El primero en anunciar esa postura ha sido el de Castilla y León. Fuentes de la Vicepresidencia primera de esa comunidad, que recae en Carlos Pollán (Vox), han mostrado su "oposición frontal" a la política migratoria del Ejecutivo central y han anunciado que se opondrán por todos los medios a un futuro reparto de menores de Ceuta. Las fuentes citadas han recordado a EFE que el artículo 10 del pacto de gobierno suscrito entre el PP y la formación de Santiago Abascal así lo establece.
En concreto, han indicado que hay un punto en ese acuerdo que reza literalmente así: "La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".
En términos muy similares se han expresado desde la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, cuyo titular es el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle.
Las fuentes han recordado que el acuerdo del Gobierno PP-Vox en esa comunidad recoge un punto casi idéntico y añade que la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen y que "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes".
En la misma línea se ha expresado el Gobierno de Aragón, que anuncia que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos.
El otro Ejecutivo autonómico de coalición PP-Vox, el de Andalucía, no se ha pronunciado al respecto. Tampoco lo han hecho los gobiernos del PP en solitario en otras comunidades.

