La crisis migratoria desencadenada en Ceuta ha abierto un inédito frente diplomático entre España e Italia y ha situado sobre la mesa un escenario que, hasta hace apenas unos días, parecía improbable: el restablecimiento temporal de controles fronterizos entre dos países que forman parte del espacio Schengen.
Aunque el Gobierno de Giorgia Meloni llegó a plantear la suspensión de la libre circulación con España como respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el Ejecutivo italiano ha suavizado posteriormente el alcance de la medida. El Ministerio del Interior matizó este viernes que los controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes de España serán aleatorios y únicamente afectarán a ciudadanos de terceros países, es decir, personas que no pertenezcan a la Unión Europea.
La aclaración reduce considerablemente el impacto práctico para la inmensa mayoría de viajeros, aunque mantiene viva la preocupación por el precedente político que supondría recurrir a los mecanismos previstos en el Código de Fronteras Schengen.
¿Puede un país suspender Schengen con otro Estado miembro?
Pese a que en el debate público se ha hablado de "suspender a España del espacio Schengen", jurídicamente esa expresión no es exacta. Ningún Estado miembro puede expulsar unilateralmente a otro del espacio Schengen.
Lo que sí permite el Código de Fronteras Schengen es que un país restablezca temporalmente controles en sus fronteras interiores cuando considere que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. Se trata de una medida excepcional, limitada en el tiempo y sometida a las normas comunitarias.
Este mecanismo ya ha sido utilizado en otras ocasiones por distintos Estados europeos durante crisis migratorias, atentados terroristas o grandes acontecimientos internacionales.
¿Qué cambiaría para quienes viajan entre España e Italia?
Si Italia aplicara plenamente esos controles, desaparecería temporalmente la libre circulación sin verificaciones entre ambos países. En la práctica, quienes viajaran en avión o barco podrían volver a encontrarse con controles documentales a su llegada o antes del embarque, lo que previsiblemente incrementaría los tiempos de espera en aeropuertos y puertos.
Sin embargo, tras la rectificación anunciada por Roma, estos controles no serán sistemáticos para todos los viajeros. Las autoridades italianas han precisado que las inspecciones serán selectivas y estarán dirigidas únicamente a ciudadanos extracomunitarios que lleguen desde España. Los ciudadanos españoles, italianos y del resto de la Unión Europea seguirán pudiendo viajar con normalidad, aunque podrían ser objeto de comprobaciones puntuales de identidad, como permite la normativa comunitaria.
El transporte de mercancías apenas se vería afectado
A diferencia de lo que ocurre con las personas, la eventual reintroducción de controles fronterizos no supondría el restablecimiento de barreras comerciales entre ambos países.
España e Italia continúan formando parte del mercado único europeo y de la unión aduanera, por lo que las mercancías seguirían circulando sin aranceles. No obstante, un aumento de las inspecciones podría generar retrasos logísticos, especialmente en el transporte marítimo y en determinadas operaciones portuarias si las autoridades incrementaran los controles de seguridad.
Los expertos en transporte recuerdan que, al no existir frontera terrestre entre España e Italia, el impacto económico sería previsiblemente menor que el que produciría una medida similar entre países vecinos como Francia, Alemania o Austria.
Una medida de fuerte carga política
Más allá de sus efectos prácticos, el anuncio de Italia tiene una importante dimensión política. La propuesta fue interpretada por el Gobierno español como una presión diplomática en plena gestión de la crisis migratoria de Ceuta. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano para trasladarle el malestar del Ejecutivo por unas declaraciones que consideró "inapropiadas".
Posteriormente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochó públicamente las críticas procedentes de Roma y defendió que la respuesta a la inmigración irregular debe abordarse desde la cooperación europea y no mediante decisiones unilaterales que cuestionen uno de los pilares fundamentales de la integración comunitaria.
Un mecanismo previsto para situaciones excepcionales
El episodio ha servido también para recordar que el espacio Schengen no implica la desaparición definitiva de las fronteras interiores, sino la eliminación ordinaria de los controles entre los Estados participantes.
La legislación europea contempla que esos controles puedan restablecerse de forma temporal cuando existan amenazas graves para la seguridad o el orden público, siempre bajo criterios de necesidad y proporcionalidad y con una duración limitada. En la última década, varios países han recurrido a esta posibilidad por motivos relacionados con la inmigración, el terrorismo o acontecimientos internacionales de gran relevancia.
En este contexto, la matización realizada por Italia reduce el alcance inmediato de las restricciones anunciadas, pero mantiene abierto un debate político sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea y sobre el uso de los instrumentos que ofrece Schengen en situaciones de presión migratoria extraordinaria.
