La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha defendido que corresponde a la Xunta de Galicia realizar las labores de inspección y control para garantizar el cumplimiento de las medidas derivadas de la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al tratarse de una competencia autonómica en materia de vivienda.
Así lo manifestó este viernes en rueda de prensa, después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmase que los resultados de la aplicación de esta figura serán responsabilidad del Ayuntamiento compostelano.
Sanmartín recordó que el Consistorio tiene la obligación de desarrollar el plan de medidas correctoras asociado a la declaración, pero insistió en que la supervisión de su cumplimiento corresponde al Ejecutivo gallego.
"Todo el mundo tiene unas obligaciones que cumplir y, por supuesto, la posibilidad de hacer inspección para que se cumpla es de la Xunta", afirmó.
Las declaraciones de la regidora llegan después de que Rueda asegurase, tras la entrada en vigor de la declaración de zona tensionada, que la Xunta no ha tratado de obstaculizar el proceso. "Si la Xunta quisiera boicotear algo, era tan fácil como no hacer esa declaración. Por lo tanto, boicot cero", señaló el presidente autonómico, quien añadió que, a partir de ahora, los resultados serán responsabilidad del Ayuntamiento.
En respuesta, Sanmartín argumentó que el control de los contratos de alquiler no se realiza a nivel municipal, por lo que considera "lógico" que la inspección recaiga sobre la Administración autonómica.
"¿Quién sabe los contratos que hay y dónde están depositados? ¿Quién lleva ese control? No es el Ayuntamiento", planteó la alcaldesa.
La regidora defendió además que, una vez aprobada la declaración de mercado residencial tensionado, todas las administraciones deben centrarse en aplicarla. "Creo que no hay mucho más que debatir. Ahora hay que llevarla a la práctica", sostuvo.
Acusa a la Xunta de falta de colaboración
Durante su intervención, Sanmartín reprochó al Gobierno gallego haber intentado dificultar la declaración para Santiago.
"La Xunta quiso poner palos en las ruedas y no conceder la declaración", aseguró.
Aun así, consideró que será necesario esperar para evaluar la eficacia de la medida. "Habrá tiempo de mirar si al cabo de un año funcionó o no funcionó, y si hay que hacer ajustes, pero lo que no se puede hacer es no colaborar", afirmó.
La alcaldesa avanzó que el Ayuntamiento reclamará a la Xunta que ejerza las competencias que le corresponden en materia de vivienda y expresó su confianza en que, como ocurrió con la regulación de las viviendas de uso turístico, el Ejecutivo autonómico terminará asumiendo plenamente sus responsabilidades.
