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Seis municipios extremeños, entre administraciones no colaboradoras con Defensor de Pueblo

Se trata de los Ayuntamientos de Badajoz, Barbaño, Campillo de Llerena, Monterrubio de la Serena y Montijo, en la provincia pacense, y el Ayuntamiento de Escurial, en la cacereña.

Redacción

Extremadura | 25.03.2024 04:00

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Los Ayuntamientos de Badajoz, Barbaño, Campillo de Llerena, Monterrubio de la Serena y Montijo, en la provincia pacense, y el Ayuntamiento de Escurial, en la cacereña, se encuentran entre las administraciones no colaboradas con el Defensor del Pueblo, es decir, a las que se les ha requerido información hasta tres veces porque no le han contestado.

En relación a Extremadura, el informe de 2023 de la institución incluye también a la Mancomunidad de Tentudía, en Monesterio (Badajoz), a la que se solicitó información, el día 2 de junio de 2022, con motivo del bloqueo en Twitter de una cuenta, tras hacer pública una protesta por el cobro de la tasa de recogida de basura y a la que se hizo el tercer requerimiento el 29 de agosto de 2023.

Respecto al Ayuntamiento de Badajoz, se formuló una sugerencia, el 14 de julio de 2022, sobre la resolución a un recurso potestativo de reposición adoptada por un órgano no competente, y el tercer requerimiento se hizo el 5 de octubre de 2023.

Al Consistorio de Barbaño se pidió información, el 22 de julio de 2022, sobre la disconformidad con la gestión de residuos de un punto limpio, con tercer requerimiento el 6 de septiembre de 2023; y al de Campillo de Llerena, el 18 de julio de 2022, sobre la ubicación de contenedores, con tercer requerimiento el 13 de abril del pasado año.

Por su parte, a Monterrubio de la Serena se le ha solicitado información hasta tres veces, sin éxito, sobre la ubicación de contenedores, la primera el 13 de octubre de 2022 y la última el 28 de septiembre de 2023.

Ruidos molestos y presunta actividad de bar sin licencia en pistas de pádel es el objeto de la solicitud de información al Ayuntamiento de Montijo formulada por el Defensor del Pueblo el 14 de septiembre de 2022 y remitida por tercera vez el 9 de junio de 2023.

Recuerda el Defensor en su informe que la ley obliga a las administraciones a contestarle sobre la información que la institución que dirige Ángel Gabilondo precisa para llevar a cabo sus actuaciones.