El portavoz del Partido Popular de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha considerado que la resolución del contrato de los Centros de Servicios al Transporte demuestra que el Gobierno de María Guardiola actúa “con rigor, responsabilidad y siempre dentro de la legalidad para proteger el interés de los extremeños” ante el incumplimiento reiterado de la empresa concesionaria.
De este modo, Núñez ha explicado que el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura avala “de forma clara” la actuación de la Junta y confirma que la decisión responde a los reiterados incumplimientos del concesionario, “no a una decisión arbitraria”. “Cuando una empresa incumple sus obligaciones, el deber de cualquier administración responsable es actuar para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos”, ha señalado.
Asimismo, el portavoz del PP ha subrayado que el Ejecutivo autonómico ha seguido “escrupulosamente todos los procedimientos legales, con transparencia y ofreciendo todas las garantías, anteponiendo en todo momento el interés público” frente a cualquier otro interés. En una reunión mantenida hoy, entre el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal
Maza, los trabajadores y la representación sindical CCOO han trasladado que también consideran necesaria la resolución del contrato para poner fin a una situación que era ya insostenible y han expresado su preocupación por la situación generada por la empresa concesionaria y por la imposibilidad de cobrar sus salarios con normalidad.
Un respaldo que, según el PP de Extremadura, evidencia que la decisión del Gobierno autonómico no solo está avalada jurídicamente, sino también socialmente por quienes conocen de primera mano la realidad del servicio. “Resulta especialmente grave que el PSOE plantee como alternativa que los trabajadores continúen acudiendo a su puesto sin cobrar hasta que exista una nueva concesión, en contra de su voluntad y pese a que la empresa ha incumplido reiteradamente sus obligaciones. Con esa postura, el PSOE da la espalda a los trabajadores y pretende convertirlos en rehenes de una empresa que no les paga, obligándolos a sostener una situación injusta y totalmente insostenible”, ha denunciado Núñez. “La cesión del contrato, como primera opción, lamentablemente, no ha sido posible porque ninguna empresa ha querido asumir la concesión de la gestión de los centros de transportes, a pesar de la intermediación de la Junta de Extremadura para intentar garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y restablecer el servicio. Si ninguna compañía acepta la cesión, es evidente que la situación creada por la concesionaria es inviable sostenerla indefinidamente y que la única decisión responsable es la que ha adoptado el Gobierno autonómico”, ha destacado Nuñez.
Por otro lado, ante las críticas del PSOE, el portavoz del PP se pregunta “cuál es su propuesta real”. “¿Obligar a los trabajadores a seguir sin cobrar? ¿Forzar una cesión que ninguna empresa quiere? ¿Ignorar los incumplimientos reiterados de la empresa? ¿Mirar hacia otro lado mientras el servicio público se deteriora?”, se ha cuestionado.
Finalmente, Núñez ha asegurado que el PP de Extremadura seguirá apoyando “todas las decisiones que garanticen la correcta prestación de los servicios públicos y la protección de los trabajadores”.
