El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha señalado que es "imprescindible" que se mejoren las condiciones en las que trabajan los educadores sociales, después del asesinato de Belén Cortés presuntamente a manos de tres menores en un piso tutelado de Badajoz bajo su cuidado en cumplimiento de medidas judiciales.
Así lo ha indicado tras mantener este miércoles una reunión en la sede de la institución con una delegación del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), encabezada por su presidenta, Lourdes Menacho.
Este encuentro, al que también ha asistido Mª Victoria Rodríguez, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, se produce tras la muerte de la educadora social extremeña el pasado 9 de marzo.
Durante la reunión, el Defensor del Pueblo ha explicado las actuaciones de oficio que la institución ha iniciado ante la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y con la Fiscalía General del Estado, acerca de este caso que se saldó con la vida de Belén Cortés.
Asimismo, en el encuentro se han abordado las condiciones en las que trabajan las educadoras y los educadores sociales, y la normativa -autonómica y estatal- vigente en materia de protección social, de derechos laborales y de seguridad, así como papel de las administraciones al respecto.
El Defensor del Pueblo ha apuntado en el transcurso de la reunión que la labor de inspección de los centros y lugares de privación de libertad implica tener en cuenta "muy especialmente" la situación en las que se encuentran las personas internadas, el trato que reciben y las condiciones materiales en las que viven.
Al mismo tiempo, ha incidido en que hay que valorar las circunstancias en que deben desempeñar su trabajo aquellas personas que tienen encomendada la seguridad de estos centros y pisos tutelados, en actividades de custodia, así como el personal sanitario, educadores y demás profesionales. En muchos casos, ha dicho, se detectan "problemas estructurales de organización y de plantillas de personal".
El Defensor del Pueblo y la presidenta del CGCEE han acordado seguir manteniendo contacto y para valorar si las respuestas de las administraciones, tras las gestiones del Defensor del Pueblo y del propio CGCEE, permiten a las educadoras y los educadores sociales desarrollar su trabajo en mejores condiciones laborales y en entornos seguros.
